Ministra oficia a PDI por despido ilegal de funcionaria en la región de Coquimbo

A fines de septiembre del 2019 salía a la luz una compleja situación vivida por una funcionaria de la PDI. La comisario Alejandra Barra Argandoña, acusó públicamente y ante el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, un supuesto acoso laboral por parte de su alto mando, el ex jefe regional de la PDI, Richard Gajardo (hoy trasladado a Valparaíso), luego que éste le hiciera una mala calificación en su desempeño laboral, según dijo la afectada en su minuto, “por asuntos netamente personales”, y le realizara una serie de “acusaciones infundadas” que llevaron a Barra a caer en una depresión y una fuerte crisis psicológica que la mantuvo durante dos meses con una licencia médica. 

La mala calificación se mantuvo, pese a que la funcionaria realizó la apelación formal y las reclamaciones ante las entidades competentes, quedando finalmente en lista 4, es decir, entre quienes deberían abandonar la institución por mal desempeño, algo que se concretó finalmente el pasado 21 de diciembre, a través de una misiva que recibió la comisario. 

De inmediato, acusó que el despido no se justificaba, porque el tema del presunto acoso todavía no estaba resuelto, y, por otra parte, existía un antecedente que no se conocía, y que era que Barra Argandoña tenía dos meses embarazo al momento de ser desvinculada, lo que la funcionaria había comunicado a la institución, la que sin embargo, no habría respetado su fuero maternal. Un nuevo capítulo en esta historia, que incluso fue llevada a tribunales, ya que la todavía detective y periodista interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, el que fue declarado admisible. 

Devastada

En conversación exclusiva con Diario El Día, la afectada relató que desde que comenzaron los problemas del supuesto acoso laboral por parte de Richard Gajardo, lo que ha venido después ha sido un calvario. Asegura que apenas se enteró de que estaba esperando un bebé dio el aviso para que la trasladaran a realizar sólo labores administrativas, algo que efectivamente ocurrió el día 16 de agosto del año pasado. Paralelamente, ella se encontraba apelando a su calificación en lista 4, y éste fue precisamente uno de los principales argumentos.

“Lo que pasa es que al estar en lista 4, implica que a ti te echen de la PDI, y eso fue lo que yo dije, que no podía estar ahí porque, por ley, no me podían desvincular. Lo que me interesa dejar en claro aquí, es que ellos sabían de mi estado mientras me estaban calificando, por tanto lo que correspondía era detener el proceso, pero no lo hicieron”, enfatizó. 

Cuenta que recibió con sorpresa y dolor la carta donde le comunicaban la desvinculación. La PDI, era prácticamente todo para ella, por lo que le dolió que le pagaran de esa forma tras siete años de haber servido fielmente a la institución.

“Me enviaron la carta y yo supe de inmediato que eso no podía ser por eso que  me asesoré con los abogados del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que me han prestado todo el apoyo, y ellos me ratificaron que no me podían despedir, porque los derechos maternales de las funcionarias de las Fuerzas Armadas, se encuentran amparados, al igual que todos los trabajadores de Chile, en el Código del Trabajo y de acuerdo a las ley 21.129 que fue promulgada en el 2019”, consigna  la policía.

Ministerio toma cartas

Desde el SernamEG regional de inmediato tomaron contacto con el ministerio a nivel central y la propia titular de la cartera Isabel Plá pidió explicaciones tanto al director nacional de la PDI como al Ministro del Interior Gonzalo Blumel. 

Aquello consta en el oficio reservado del 27 de diciembre del 2019, en donde Plá solicita a su par de Interior que a su vez oficie al director nacional de la Policía de Investigaciones Héctor Espinosa. En el documento la ministra pide respuestas, ya que, según se consigna, “la institución (PDI) ha notificado a Alejandra de su desvinculación no obstante encontrarse vigente su fuero maternal. De acuerdo a lo señalado en la ley 21.129, que establece el fuero maternal para las funcionarias de las Fuerzas Armadas, de orden y Seguridad Pública, no correspondería su desvinculación en dicho periodo”, se lee en el documento. 

Posterior a una reunión formal con Blumel, Plá tuvo un encuentro oficial con Héctor Espinosa en la que le expuso el caso de Alejandra Barra relacionado a su desvinculación,  junto a otras dos situaciones correspondientes acoso sexual ocurridas en otros lugares del país. Esta reunión data del 7 de enero y en ella se habría acordado revisar el caso, por lo que el futuro de la funcionaria todavía estaría en “veremos”.

La vía judicial

Más allá de la tramitación que se está haciendo por la vía institucional a través del SernamEG, Barra y su abogado presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de La Serena, el día lunes 3 de febrero, para evitar su desvinculación. Y tuvo éxito porque fue declarado admisible por el tribunal de Alzada, lo que implica que sea investigado por la Corte Suprema. E irán más lejos ya que, estiman, aquí se vulneraron derechos humanos fundamentales de la mujer suscritos por Chile por lo que pretenden llegar a la Corte Interamericana. 

Seremi muestra apoyo

La Seremi de la Mujer y la Equidad de Género por la Región de Coquimbo, Ivón Guerra, calificó como “lamentable” lo que está viviendo Alejandra Barra. “Es una situación tremendamente lamentable que debe vivir una mujer con seis meses de embarazo, porque nosotros desde el 2019 que tenemos una ley que impide que cualquier mujer embarazada sea desvinculada, y aquí no se está cumpliendo esa ley, y además se están vulnerando los derechos fundamentales”, expresó Guerra.

Agregó que desde la época de Richard Gajardo, cuando Barra denunció el acoso laboral, que “yo sentí que se estaban vulnerando los derechos de ella, porque esta persona nunca mostró ninguna empatía por lo que estaba pasando. Es muy lamentable que estas cosas ocurran en instituciones como la PDI, porque quienes estamos en el servicio público debemos dar el ejemplo. Además, es muy inconsecuente por parte de la PDI que hagan esto cuando ellos mismos tienen publicaciones que dicen que apoyan la maternidad”, precisó la Seremi.

Senadora Muñoz y trabajo en conjunto

La senadora por la Región de Coquimbo, designada presidenta  del Senado y  presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, Adriana Muñoz, se enteró hace algunas semanas de este caso y expresa su mayor preocupación por la situación que está viviendo Alejandra Barra Argandoña. De hecho, en los próximos días se pondrá en contacto con los altos mandos de la Policía de Investigaciones para conocer detalles de su actuar en este caso.

“Desde que conocimos la situación que vive Alejandra, primero hemos solidarizado con ella, porque es algo emblemático. El fuero maternal es uno de los primeros derechos que pudimos ir ganando respecto a los derechos de las mujeres y es algo que se tiene que respetar, porque es algo consagrado. Por lo mismo hemos tomado el caso con preocupación y además con mucha dedicación y estoy buscando más antecedentes para ayudar a Alejandra para salir de esta situación que la tiene desde el punto de vista humano y psicológico en un estado de bastante fragilidad”, manifestó Muñoz. 

Asegura que el tema lo tratará en conjunto con SernamEG, quienes han estado llevando el caso desde el inicio tanto a nivel local, como nacional. “Sabemos que ellos han estado con Alejandra y ya han hecho gestiones y reuniones. Lo que haremos nosotros ahora será por supuesto reunirnos con la Ministra Isabel Plá para dar continuidad al trabajo respecto a la afectada y ver la manera institucional de poder respaldar tanto a Alejandra como a todas las mujeres que están viviendo una situación parecida”, expresó. 

Algo que no es aislado

Muñoz, además, enfatiza en que casos como el de Alejandra Barra en el sistema público no son aislados y que, de hecho, en estos momentos como comisión se encuentran investigando situaciones en la misma Región de Coquimbo, en el sector público, de funcionarios que viven acoso laboral.

“Tenemos varios casos de personas que están sufriendo mucho, porque existe una cultura que no hemos podido erradicar, que es la cultura del abuso, del maltrato y de la falta de respeto a funcionarias fundamentalmente, a las mujeres que las agobian a tal punto que al final tienen que renunciar (…) Aquí tenemos que preocuparnos de que operen las leyes, y con la ex diputada Jimena Vidal, hicimos la ley que sanciona el acoso laboral y ahora vemos que no se pone en ejercicio porque cuando alguien reclama, al final lo que sucede es una persecución hacia ellas”, aseguró. 

Sin respuesta

El caso está siendo visto a nivel central, de igual forma contactamos a la PDI de la zona para obtener alguna declaración del alto mando respecto al tema, pero se excusaron de hacerlo, ya el propio Gajardo, quien en su momento tampoco habló, ya no se encuentra trabajando en la Región de Coquimbo. 

También establecimos comunicación con el departamento de prensa de Santiago, y precisaron que cualquier requerimiento debíamos hacerlo a través de un correo electrónico, lo cual realizamos, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta. 

Cabe consignar que quien sí se refirió a la situación, en particular lo del acoso, fue el recientemente asumido jefe regional Gustavo Gatica -quien llegó tras la salida de Gajardo-. En su primera entrevista fue consultado por la situación y precisó que “Al llegar a la zona recibí la información, pero hasta la fecha nosotros no hemos recibido como institución una denuncia formal. Se han hecho actos administrativos dentro de esa investigación pero como región policial, esa denuncia no la hemos recibido”.