Municipio de Salamanca arriesga remate de dos de sus bienes por deuda

La complicada crisis económica que enfrenta el municipio de Salamanca comienza a tener consecuencias. De acuerdo a un fallo judicial de fecha 22 de noviembre de 2017, se fijó para este viernes 29 de diciembre a las 15:00 horas el remate de dos bienes municipales, uno correspondiente a una cancha denominada estadio municipal N°2 de Salamanca y el otro un terreno en la comunidad de Chalinga, que estaba pensado para la construcción de viviendas sociales o para la ampliación del liceo politécnico, que está contiguo.

Esta situación se originó tras el inicio en marzo de este año de un juicio en el Juzgado de Trabajo de La Serena, en el cual se reclamaba el despido “discriminatorio” que sufrió el entonces funcionario de la casa edilicia, Manuel Cuevas, quien desempeñaba funciones en el programa CARES, que la municipalidad ejecuta en la comuna de Coquimbo.

Según explica el abogado litigante en este caso, Alejandro Villegas, del Estudio Jurídico Álvarez y Villegas, el funcionario fue cesado de su cargo “por razones políticas” lo que significó una vulneración de sus derechos fundamentales. El tribunal dictó una condena ordenando el pago de una indemnización, la cancelación de los años de servicio y declaró nulo el despido porque no estaban pagadas sus cotizaciones previsionales.

El profesional manifiesta que lo llamativo de este caso es que el municipio nunca se presentó a las instancias judiciales que fue requerido. “No concurrió la defensa, el alcalde no compareció a la audiencia a la que fue llamado por el tribunal ni tampoco presentó ningún recurso en contra de la sentencia”, especificó.

Ante esto, dice, se comenzó un proceso en el tribunal de cobranza de La Serena, donde tampoco el municipio se defendió “y ante la falta de pago no quedó otra opción de embargar dos propiedades para poder sacarlas a remate y con eso pagarle al trabajador”.

Villegas aclara que hasta el momento el municipio todavía no paga esa deuda “lo que obliga necesariamente a que el tribunal remate a muy mal precio esos inmuebles, porque no hay otra forma de cumplir lo que el tribunal decretó”.

El problema es que la casa edilicia está contra el tiempo y no aún no se concreta alguna acción para frenar este proceso. El Día consultó al propio demandante, Manuel Cuevas, quien fue enfático en declarar que la única manera en que se revierta la resolución es que se proceda al pago de la deuda que, según dice, hasta hace 3 meses atrás ascendía a 32 millones de pesos. “Yo no voy a llegar a ningún acuerdo, me tienen que pagar la totalidad, no voy a negociar por cuotas”, recalcó. Consultado respecto a si ha habido acercamientos para llegar a un arreglo, señala que “no hay acuerdo, el municipio no se ha acercado conmigo ni con mis abogados”.

El abogado corrobora esta afirmación y señala que efectivamente se podría dar pie atrás, pero solo mediante el pago. “Nosotros siempre hemos estado abiertos a hablar con la gente del municipio y se les ha señalado que lo que los trabajadores persiguen es el justo pago de los dineros que les corresponden, pero aun así siempre se ha rehusado a efectuarlo y por eso llegamos a estas instancias”, expresó.

INQUIETUD. La situación, como es lógico, ha despertado la preocupación de la comunidad y así lo advierte la senadora Adriana Muñoz (PPD), quien alerta que no solo existe inquietud por la enajenación de esto bienes que son de uso frecuente, sino que porque además el remate se ha fijado a un precio muy inferior al valor que éstos tienen.

Señala que en el caso del terreno de Chalinga, el valor fijado es de 12 millones de pesos “en consecuencia que su valor comercial es de cerca de 100 millones de pesos”. Lo propio ocurriría con la cancha, cuyo costo de establece en $3.800.000 “aun cuando su valor comercial oscila entre los 100 y los 200 millones de pesos”, precisa.

En este sentido, enfatiza que estos son terrenos que son municipales donde se podrían construir viviendas o hacer un edificio del politécnico. “Hay una pérdida fiscal de muchos millones, por toda la inversión pública que se hizo ahí. Es la preocupación que tenemos, a mí me llegó en estos días la información y existe una inquietud muy grande, porque son bienes fiscales y yo creo que ahí se está llegando creo a un fraude al Fisco y además de eso no hay ninguna respuesta a los trabajadores”, puntualiza.

Respecto a si se debería a la deuda de arrastre que mantiene el municipio, la parlamentaria sostiene que el actual edil ya lleva más de un año en el cargo “y este es un carril aparte, es reconocer derechos laborales que han reclamado los funcionarios tras ser despedidos”. A su juicio, la casa edilicia debió haber hecho un esfuerzo. “Creo que no tiene que ver con una deuda de arrastre, no son además miles de millones, no es tanta la cantidad de plata. De hecho, si un terreno sale a remate por 12 millones,  con el otro terreno va a sumar 20 millones, ni siquiera alcanza a pagar la deuda que tiene”, enfatiza.

MUNICIPIO RECONOCE DEUDA. Por su parte, el alcalde de Salamanca, Fernando Gallardo, reconoce que efectivamente existe una orden para llevar a remate estos dos terrenos “pero nosotros hemos interpuesto las acciones legales correspondientes para poder evitar que esto sea así”.

Lo que se busca, dice, es tratar de dejar nulo este juicio “si nos fuera bien nosotros tenemos que pactar esta deuda en un plazo mediano para poder cancelar”.

En cuanto a si existe la posibilidad de cancelar la deuda completa, tal como lo está solicitando el demandante, Gallardo sostiene que confían en este recurso que presentaron para que este juicio quedara nulo “porque los bienes municipales cuando se están ocupando no los pueden embargar y este es el caso”.

No obstante, indica, hay que responder lo que la justicia determine “el problema es que yo no tengo como aguantar el peso que significa pagar todas las demandas que tenemos, porque el municipio no tiene los recursos hoy, ni creo que los tenga en el corto plazo”.

Recalcó que actualmente la deuda del municipio es equivalente al presupuesto que ingresa a sus arcas durante un año, es decir, más de 5 mil millones de pesos “por lo tanto no estamos en condiciones de soportar esta carga, que son aproximadamente 23 o 24 juicios”.

En cuanto a las razones del que no haya habido acercamiento entre las partes, como han manifestado los abogados, el edil argumenta que en un solo caso ha habido acercamiento. Siempre ha estado la idea de querer pagar, precisa “pero cuando me están cobrando 30 millones de pesos y me ofrecen una rebaja de 5 millones es imposible que podamos llegar a acuerdo”. Además, agrega, se exige que se haga en dos o 3 cuotas. “Yo no le voy a decir a nadie que le voy a poder pagar si al final del camino no lo voy a poder hacer”.

A horas que se cumpla el plazo para este remate y sobre si tiene la esperanza de que se pueda revertir, la autoridad comunal expresa que lo único que puede decir es que tiene “la seguridad que esto no se va a rematar”, enfatizó.3701iR