Prostitución prolifera y vacíos legales impiden controlarla

La “Casa Rosada”, ubicada en Lautaro 880, en pleno centro de La Serena, fue clausurada por actividades de comercio sexual, las que sin duda, tenían a toda la comunidad altamente preocupada por otros hechos anexos al propio negocio que por cerca de 12 años se desarrolló en el lugar.

Sin embargo, la problemática, lejos de terminar tras esta cierre que fue efectuado tras un procedimiento planificado por Carabineros y coordinado con el Municipio de La Serena, existe la inquietud de otros vecinos de la comuna en torno a un hecho que no puede ser regulado por el municipio, ya que no existe una ordenanza claramente establecida como así sucede en otras comunas del país.

Además, se le suma a eso la angustia de quienes lideran las juntas de vecinos, que habitan los diferentes barrios céntricos y el creciente aumento, incluso de extranjeros, que han optado por este camino para generar negocios lucrativos. La sensación de inseguridad sigue candente, pese a la pandemia. 

Sienten que no han sido escuchados

Los vecinos son protagonistas. Al respecto, Eduardo Olivares, quien presidió en tres ocasiones la junta de Vecinos Serena Centro y que actualmente cumple funciones como delegado en el sector, conversó con diario El Día sobre hechos que no son nuevos, pero que preocupan sobremanera.   

“Siempre en calle Lautaro hubo problemas con clandestinos, y nosotros limitamos con esa jurisdicción. Un gran problema que hemos tenido es la realización de fiestas con personas extranjeras, lo que ha sido un inconveniente porque ha traído como consecuencia otras problemáticas, justamente en calle Cantournet”, aseguró.

Sostiene que junto con vecinos de calle Infante se han organizado para hacer toda clase de denuncias ante Carabineros, y poco a poco se fue terminando - al menos- con los ruidos molestos, pero sienten que aún no es suficiente. 

Asimismo, otros vecinos confirman que, efectivamente, la llegada de muchas extranjeras podría favorecer la presencia del comercio sexual en pleno centro de La Serena.

El negocio no para

Vecinos del centro de La Serena, en conversación con diario El Día, nos han indicado que “es una problemática que está lejos de terminar, porque siguen saliendo lugares de alta complejidad en el corazón de la ciudad, y que representan un peligro para nuestros vecinos”, comentó uno de los afectados.  

En efecto, otro de los vecinos  aseguró que “hay un nuevo lugar, ubicado en calle Vicuña, y que está muy cerca de la que es conocida como la Casa Amarilla.

Esto desde hace alrededor de dos meses. Es peligroso, porque en el sector de Seminario hay muchos más, por ende, la situación nos complica mucho porque sigue aumentando y me parece que la autoridad no ha tomado cartas en el asunto”, indicó.

Con esos antecedentes, también nos dirigimos hasta el sector de Barrio Almagro, para comprobar si efectivamente existían inconvenientes respecto al comercio sexual en forma clandestina. Conversamos con Irene Machuca, presidenta de la Agrupación de Fomento del Barrio Almagro en La Serena, quien indicó que si bien no se han producido problemas de este tipo en los últimos tiempos, la situación de control de la pandemia ha favorecido una mayor tranquilidad. 

Sin embargo, Irene aseguró que  “nuestra mayor preocupación pasa porque nunca más abran la disco Arcángel, que era la que nos hacía la vida verdaderamente imposible todos los fines de semana, con los ruidos molestos”, subrayó.

Vacíos legales

El alcalde de La Serena, Roberto Jacob, en diálogo con diario El Día, se refirió a las complicaciones que significa tratar de cerrar este tipo de recintos, ya que como indicábamos al inicio de este reportaje, no existe una ordenanza municipal para su correcto funcionamiento. Sobre las medidas que se pueden aplicar, el jefe comunal indicó que “conversamos con Carabineros, porque son ellos los que pueden allanar y ver si hay alcohol, por ejemplo. Pero todo esto se efectúa después de una investigación. Y no sólo hemos cerrado uno, sino varios más. Si se vende alcohol de manera ilegal, nosotros estamos autorizados por la ley de alcoholes a  clausurarlos”, indicó el jefe comunal.

Respecto a establecer una ordenanza municipal para abordar esta materia, Jacob añadió que “la prostitución no está penada por la ley, pero sí la venta clandestina de alcohol. Yo no tengo claro que una ordenanza vaya a solucionar el problema, porque éstas no están sobre la ley, y si la ley no castiga, mal podemos hacerlo nosotros”, aseguró el alcalde de La Serena.

Algunos concejales también plantean soluciones para abordar esta problemática. Robinson Hernández también ratifica que la actividad comercial sexual no es delito y lo que el municipio hizo fue infraccionar a la titular del local (en el caso de la Casa Rosada, Hospedaje  según la documentación de la autoridad sanitaria y municipal) por estar  realizando una actividad distinta a su patente o giro comercial vigente. 

“Debemos insistir en el fomento de una buena convivencia comunitaria; ya que es habitual que se reciban denuncias de fiestas sin respeto al vecindario; carreras clandestinas o piques de automóviles, uso del espacio público para beber y otras incivilidades. Todo es llevado a cabo por una minoría que no respeta y obliga al municipio a agotar gestiones ante cada denuncia diaria”, agregó el concejal, que sostuvo que “si hubiese un rol comercial que regule con un tipo de patente municipal dicha actividad,  debería sustentarse en una ley que actualmente no existe”.

En tanto, la concejala Jocelyn Lizana, acotó que “es preocupante la situación de la prostitución en La Serena, porque lamentablemente responde a una efecto de oferta y demanda. En realidad, en estos procesos de evolución del mundo, debemos evaluar nuestros comportamientos, porque la prostitución incluso se está dando en departamentos en otros sectores. Creo que el problema no sólo son las casas de niñas o aquellos sitios que sacan patentes de alcoholes y terminan funcionando de una manera completamente distinta, los que también hemos cerrado. El tema es que si existe el comercio, es porque hay demanda”, argumentó.

Es difícil proceder

Desde la Gobernación Provincial de Elqui también han enfrentado esta materia. El gobernador, Marcelo Gutiérrez, en diálogo con diario El Día, aseguró que tienen una mesa especialmente preparada para este tema, específicamente en la zona donde fue clausurada la Casa Rosada, donde incluso ya han identificado otros locales de estas características. “Las fiscalizaciones e investigaciones se realizan en forma aleatoria, porque si vamos en un mismo día a todas las casas, es seguro que al día siguiente abren todas de nuevo. Antes de la pandemia, lo que había eran los llamados prostíbulos, y la gran mayoría han mutado hacia las actividades independientes, lo que no quita la existencia de lugares físicos”.

El coordinador regional de Seguridad Pública, Rolando Casanueva, aseguró que por esta misma materia se desarolló una reunión de trabajo hace tres semanas.  Respecto de seguir con otras fiscalizaciones, la autoridad acotó que “de acuerdo al código sanitario, en Chile se le autoriza a Carabineros a la clausura de estos recintos, lo que es una particularidad, siempre teniendo los medios de prueba. Hay que decir que la prostitución no es un delito, sino una falta sanitaria, por eso es que se tuvo una reunión con varios vecinos y dirigentes de toda la parte central de La Serena. Se llegó a la conclusión de que varias casas que en algún momento fueron clausuradas, volvieron a abrir sus puertas nuevamente. Hay que consignar que las mujeres que ejercen este comercio deben portar su carnet sanitario. Bajo esa figura, lo que ocurrió en la Casa Rosada fue un sumario sanitario, lo que se informa a la Policía de Investigaciones para determinar si las mujeres que están ejerciendo este comercio son nacionales o extranjeras. Y si son extranjeras, determinar si cuentan con residencia o son ilegales. Estos antecedentes, finalmente se le entregan a Extranjería. La modalidad es que muchas de ellas arriendan en estas viviendas una pieza y la ocupan para ejercer el comercio sexual”, señaló Casanueva.

Por su parte, el capitán Julio Mardones, comisario subrogante de la Primera Comisaría de La Serena, ratificó que “si bien el comercio sexual aparece en el Código Sanitario como una forma de clausura y no está en el Código Penal, las residencias que se utilizan para estas actividades atraen otro tipo de delitos.

Por lo tanto, surge la venta clandestina de alcoholes, posible consumo de drogas en el exterior, entra y sale gente por todos lados, lo que genera una sensación de inseguridad entre los vecinos, atrayendo focos de delincuencia, paralelamente”, acotó la autoridad.

A raíz de estas denuncias, también se pueden desprender otros delitos de mayor gravedad, como es la trata de personas. “Aunque no se acreditaron otro tipo de delitos de mayor gravedad, salvo el uso de una patente no correspondiente en el caso de la Casa Rosada, sí los vecinos incluso se acercaron a agradecer esta situación, porque ya estaban cansados de todos lo que pasaban”, subrayó.

Lo estrictamente legal

El abogado Raúl Castillo, experto en derecho penal, se refirió a la complejidad de encarar esta materia, aunque existen eventuales sanciones que podrían aplicarse en contextos específicos. “En Chile, no existe mayor regulación de la prostitución.

Respecto de los prostíbulos, se podría aplicar el artículo 373 del Código Penal, que tipifica el delito de ofensa al pudor y a las buenas costumbres, y podría ser aplicado a las personas que ejercen el comercio sexual callejero y en casas de tolerancia, pero exigiría que el hecho generara un grave escándalo o trascendencia”, aseguró.

Con respecto a la trata de personas, el jurista indicó que “el artículo 411 del Código Penal castiga con las penas de 1 año y un día a cinco años de reclusión al que promoviere o facilitare la entrada o salida de personas del país para que éstas ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero”.

El abogado también comentó sobre aquellos que defienden el derecho al libre ejercicio de la prostitución, pues, a su juicio,  “se escudan en el artículo 19 nº 21 de la Constitución, que protege la iniciativa de los particulares en materia económica.  Todo ello unido a un conjunto de medidas de educación sexual con el fin de prevenir las enfermedades de transmisión sexual”.

Se esgrime además, según explica el abogado Raúl Castillo, la libertad de las personas para decidir libremente lo que hacer con su cuerpo, acorde lo dispuesto en el artículo 19, Nº 1 de la Constitución. 

Incluso se argumenta a la libertad de cultos, consagrada en el artículo 19 número 6 de la Constitución, “con el fin de defender el libre ejercicio de la prostitución”.

A su vez, el Código Sanitario  “tampoco prohíbe el ejercicio del comercio sexual ni se refiere a las casas de tolerancia; es decir, deja sin regulación alguna -pese a que intente tener algún control- a una actividad potencialmente peligrosa para la salud de las personas.

Este “vacío” normativo se ha tratado de suplir con la regulación municipal, mediante ordenanzas municipales, “para prohibir el ejercicio de la prostitución en bienes nacionales de uso público, para el control de las enfermedades de transmisión sexual y la prohibición de la prostitución de menores”, subrayó Castillo.

Cabe destacar que la infracción a esta disposición sanitaria  permite la clausura de dichos locales, y faculta al Servicio de Salud correspondiente para imponer otro tipo de sanciones.