Cambios a la evaluación ambiental: Se propone eliminar la Comisión Regional y el Comité de Ministros

A pocos días de asumir en marzo, durante la participación que tuvo en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la ministra de esta cartera, Marcela Cubillos ya lo había adelantado. Una de las prioridades de su gestión sería apuntar a la revisión de la institucionalidad ambiental y el funcionamiento de las entidades que la componen, principalmente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Para concretar este objetivo, aseguró en esa oportunidad, como base se utilizará el trabajo hecho por la comisión asesora presidencial convocada por la exPresidenta Michelle Bachelet y que generó 25 propuestas de modificaciones al sistema.

“Aquí no partimos de cero, hubo un consejo asesor en el gobierno de la presidenta Bachelet que funcionó al amparo primero del ministro Badenier y luego del ministro Mena, en que están muy avanzadas y detalladas y en muchas de ellas es un buen punto de partida para nosotros para empezar a elaborar este proyecto de ley que reforme el SEIA”, comentó en declaraciones que recoge La Tercera.

Y no pasó mucho tiempo para que esto ocurriera. El pasado 25 de junio el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por Cubillos, y que además integran las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería, aprobó el proyecto de Ley que modifica y modifica el SEIA.

Según se indicó, posteriormente sería ingresada por la Segpres  al Congreso para su discusión, lo que se estima podría ocurrir en los próximos días. Pero ¿Cuáles son las modificaciones que se espera implementar?

SE ELIMINAN LAS COMISIONES REGIONALES DE EVALUACIÓN Y EL COMITÉ DE MINISTROS

Sin lugar a dudas, el proyecto Dominga, de la empresa Andes Iron y que pretende instalar una mina de hierro en la comuna de La Higuera, se ha convertido en uno de los casos emblemáticos del sistema de evaluación ambiental imperante en Chile.

Tras la votación en la Comisión Regional de Evaluación (compuesta por seremis y el intendente) en que se rechazó otorgarle la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a este proyecto, se generó una amplia polémica por las posibles influencias políticas que se pudieron haber generado en el voto que expresaron las autoridades locales.

Lo mismo se repitió tras la reclamación presentada por la empresa minera ante el Comité de Ministros, donde también fue rechazado en una polémica sesión que incluso terminó con la renuncia del gabinete económico de la Presidenta Bachelet. El proyecto posteriormente fue llevado por Andes Iron ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, instancia que decidió anular las dos votaciones anteriores y retrotraerlo la instancia regional. Ahora, se encuentra con un recurso de casación en la Corte Suprema. Desde que ingresó al SEIA hasta ahora, han pasado casi 4 años y no se ve pronta su resolución final.

Se dice que precisamente la experiencia vivida con esta iniciativa-por las polémicas y el tiempo que ha llevado su tramitación- ha sido la que ha llevado al Ejecutivo a querer reformar el sistema.

De hecho, uno de los cambios más relevantes que propone este proyecto de Ley es eliminar la comisión Regional de Evaluación y también el Comité de Ministros.

El seremi de Medio Ambiente, Cristian Felmer, explica que ahora se pretende establecer 3 macrozonas coincidentes con la existencia de los Tribunales Ambientales, es decir, una en Antofagasta, otra en la Región Metropolitana y en Valdivia.

Esta nueva instancia, indica, q estaría compuesta por el intendente, el seremi de Medio Ambiente, pero además dos profesionales expertos en éstas temáticas y dos representantes del gobierno, elegidos a través de Alta Dirección Pública (ADP).

“Se procura que exista una evaluación mucho más técnica que es de lo que se trata, de ver si los proyectos cumplen o no cumplen con la normativa aplicable, y no otras variables externas a la evaluación de impacto ambiental”, especifica.

MAYOR CELERIDAD EN LA TRAMITACIÓN

La modificación lo que tiende a hacer, agrega Cristian Felmer, es dar una certeza jurídica y no una doble evaluación administrativa, que es lo que genera el modelo actual. “Ahora se evalúa en la región por los seremis y después va al consejo de ministros a reclamación. Eso ya no existiría. Se haría una evaluación definitiva y las apelaciones irían al Tribunal Ambiental”.

Según detalla, lo que se busca es que sea un modelo mucho más eficiente que reduciría en definitiva los tiempos en los cuales se analizan los proyectos “y que los permisos sectoriales (PAS) también sean evaluados dentro del proceso del SEIA. Eso es algo que entraba bastante la inversión ahora, porque algunos servicios públicos en la aprobación de los PAS, que ya están preaprobados por el SEIA, que en la propia evaluación de impacto ambiental”.

Recalca que se aspira a que las evaluaciones tengan un carácter mucho más técnico. “La primera modificación que se hizo de las Corema ya se hizo una base en evaluaciones técnicas, porque ahí salieron los Cores y los gobernadores, que tenían competencias más políticas. Después de hizo una comisión de evaluación compuesta por seremis técnicos, con servicios de competencia ambiental y ahora se da un nuevo avance en la evaluación técnica con estas comisiones macrozonales”, especifica.

PARTICIPACIÓN TEMPRANA DE LAS COMUNIDADES

Otra de las grandes ventajas que tendría este nuevo sistema, enfatiza el seremi de Medio Ambiente, es que se va a exigir que los titulares de los proyectos realicen una consulta temprana en las comunidades donde impactarían.

“Eso lo que facilita es que las comunidades ante la llegada de algún proyecto lo conozcan antes de su ingreso al SEIA, lo cual puede permitir a los titulares hacer modificaciones de los que se pide para el sector, está hecho para evitar los conflictos sociales-ambientales”, detalla.

“Eso permite al titular rescatar impresiones de la comunidad y hacer modificaciones a su proyecto antes del ingreso al SEIA, ahora se hacen cuando el proyecto ya ingresó”, agrega.

En cuanto a si se fijará algún parámetro de asistencia a estas instancias, para procurar que realmente sean representativas, manifestó que “hay que trabajar bien el tema, hay que ver como se modifica después el decreto, pero la idea es implementar mucho mejores participaciones ciudadanas y que sean más tempranas”.

EXPECTACIÓN EN LA INDUSTRIA

Desde los gremios empresariales, sobre todo el minero, en el último tiempo precisamente se habían generado críticas respecto del sistema de evaluación, tanto por el tema político que involucraba como los tiempos en que demoraba la tramitación, lo que, según recalcaron, perjudicaba la inversión y generaba incertezas, por el tema de la judicialización.

Por eso la noticia del cambio en el sistema genera expectación. Respecto a la opinión que le merece el proyecto de Ley, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández manifiesta que “coincidimos con el gobierno en cuanto a la necesidad de modernizar la institucionalidad ambiental. Ello con el propósito de avanzar hacia una regulación más competitiva y menos reactiva, que fortalezca el SEIA como el principal instrumento de protección del medioambiente”.

Respecto  a si cree que con la eliminación de la comisión regional y el Comité de Ministros se va a apuntar a eliminar la posible influencia política que se criticaba existía durante la evaluación de los proyectos, sostuvo que “casos como el de Dominga han hecho aún más urgente revisar la actual regulación, para evitar la aplicación de criterios políticos y la toma de decisiones discrecionales, particularmente en las etapas finales de los procesos de obtención de permisos ambientales. Estamos confiados que estas modificaciones permitirán que la regulación ambiental sea más coherente, sencilla y global, sin comprometer los objetivos a alcanzar”.

En cuanto a si considera que se podrán reducir los tiempos de tramitación, que actualmente pueden superar incluso los 3 años, Hernández expresa que la ministra Cubillos ha estado en un proceso de socialización de la iniciativa con el propósito de alcanzar un consenso en la materia. “Nosotros nos hemos reunido con ella y le hemos planteado los principales problemas que enfrenta la industria respecto a la actual regulación, especialmente respecto a la excesiva “permisología” y los tiempos de respuesta”.

Desde su perspectiva, plantea el presidente de la Sonami,  lo que se requiere es avanzar en una legislación menos compleja y engorrosa “que compatibilice con eficiencia la indispensable inversión que requiere nuestro país, garantizando al mismo tiempo una adecuada participación de las comunidades donde buscan instalarse los nuevos proyectos y sus operaciones”.

¿SE QUITA REPRESENTATIVIDAD A LAS REGIONES?

Por su parte, Mauricio Gómez, gerente del Consejo Regional Minero de Coquimbo (Corminco), señala que al interior de este organismo aún no se ha realizado un análisis de las implicancias que tendría esta propuesta normativa, la que sería revisada en un encuentro que sostendrán las empresas locales a fin de mes.

No obstante, señala que desde su opinión personal, una de las grandes falencias que se presentan es que al crear estas macrozonas, se va a generar un distanciamiento del proyecto con el territorio. “Creo que ahí hay un error, porque lo que las mineras buscan es tener precisamente un acercamiento con el territorio y la licencia social en minería la otorga el entorno social en el que estás”, aseveró.

Dice que hay varias opiniones que han manifestado expertos en medioambiente al respecto “y que plantean que alejar la toma de decisión de actores relevantes en el entorno no es positiva y ahí viene el cuestionamiento”.

Este argumento fue rechazado por la ministra Marcela Cubillos en entrevista con La Tercera hace algunos días, quien recalcó que siempre se ha pensado en lograr un acuerdo transversal para efectuar estos cambios, pero estando abierto a enriquecerla en la discusión.

“Respecto a las macrozonas, su razón de ser, a diferencia de lo que ha salido, es fortalecer la participación regional. Hoy las regiones tienen fuerte participación en esta comisión regional, pero todo lo que resuelven va al Comité de Ministros, que es centralizado. Entonces había una sensación de mayor participación, pero todo terminaba siendo resuelto a nivel central. Lo que se apruebe en las macrozonas será mucho más definitivo que lo que es hoy día. Entonces, sentimos que al revés de lo que se ha criticado, se está fortaleciendo la participación regional”.

EL FACTOR POLÍTICO

Mauricio Gómez también indica que le parece que  no por que se creen estas instancias se va poder eliminar el “factor” político y prueba de ello, dice, es que dos de sus integrantes serán designados a través del sistema de Alta Dirección Pública. “Se supone que la ADP elige a los mejores, pero si se hace un catastro real y lo llevas a la región, hubo gente que fue elegida por la ADP porque pertenecía a un partido político del conglomerado que estaba gobernando”.

Además está la figura del intendente y del seremi de medioambiente “que a mi juicio lo politiza más aún, porque es el intendente de un área, el seremi de un partido, es elegido bajo una concepción política”.

En este sentido, la ministra Cubillos recalcó que lo que se quiere es precisamente que lo técnico y lo político convivan de mejor manera. “Hoy nadie duda de que tiene que haber una coexistencia de ambas características. Los proyectos deben ser evaluados técnicamente en materia ambiental, pero una comunidad, una región, un país, puede plantearse y decidir si ese proyecto que cumple los requisitos técnicos lo queremos o no”, dijo.

Por lo tanto, agregó “buscamos que en esta macrozona puedan convivir lo técnico y lo político. Pero al mismo tiempo, es importante señalar que todos los organismos sectoriales técnicos siguen siendo el eje fundamental de la evaluación y siguen estando a nivel regional, como la Conaf, los organismos de salud, todos los organismos sectoriales son regionales y son técnicos”, precisó a La Tercera.

Lo que si Valora Gómez es que se profundice en la consulta a la comunidad. “que se haga participación temprana, que tiene que ver con que las empresas muestren el proyecto y la gente pueda opinar”.

También coincide en que se podrán acelerar los procesos. “Lo que es muy bueno es que se eliminen algunos pasos en términos administrativos, como un reclamo judicial al Consejo de Ministros, me parece bien porque acorta los plazos. Pero esto está recién empezando, se puede modificar en el parlamento”, enfatiza.

Lo que queda por esperar entonces es que el proyecto sea enviado al Congreso, donde sin duda tras la discusión está propenso a recibir modificaciones. Respecto de los plazos, se ha dicho que tras la aprobación del proyecto de Ley en el Consejo de Ministros la Segpres lo ingresaría en los próximos días, aunque la tramitación no sería de corto plazo.3701i