Había guardado silencio desde que fue procesado nuevamente por violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, el pasado domingo, Juan Emilio Cheyre, concedió una entrevista a La Tercera, donde reiteró su inocencia y aseguró ser objeto de una persecución en su contra, por parte del mismo poder militar, “los más antiguos”, precisó, que no le perdonan haber sido catalogado como “el general del nunca más” y el “rol que decidió jugar en la transición”.
Y es que la vida del excomandante en Jefe, sumó un nuevo revés la mañana del jueves 7 de febrero, cuando llegó hasta el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, donde fue notificado de su procesamiento como autor del delito de tortura en contra de 24 expresos políticos, hechos ocurridos en el Regimiento Arica de La Serena, entre septiembre y diciembre de 1973.
“No había ningún elemento que lo incriminara (…) Por supuesto que se hicieron todos los estudios, todos los análisis. Se consultó incluso el tema de la Caravana de la Muerte, y la respuesta fue que no había nada”, Ricardo Lagos en 2018
Un peso más para la mochila que hoy carga el otrora general del Nunca Más, quien en el 2003, con 56 años, ostentando el mando mayor de la entidad castrense, reconoció las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por la institución en dictadura, siendo el primer jerarca militar en admitir lo que a esa alturas era evidente, y que su antecesor, Ricardo Izurieta Caffarena, férreo defensor del régimen de Augusto Pinochet, siempre descartó.
Por ese entonces la imagen de Cheyre se elevó a lo más alto en la escena pública. Este soldado, considerado como el intelectual del Ejército, políglota y con un doctorado en la Universidad Complutense de España, se consagró como pieza clave de la transición y la reconciliación entre el mundo civil y el militar. Nada, absolutamente nada, hacía presagiar en aquel momento que la historia que comenzaba a escribirse en torno a Cheyre, como gran protagonista y héroe, terminaría situándolo como un villano.
Cheyre antes de Cheyre: Factor Lagos y cercanía con el mundo político
El general cumplía con las expectativas. Cercano al exPresidente Ricardo Lagos, a quien conoció en 1996 cuando Cheyre era agregado militar en España y altos personeros de la Concertación, particularmente del Partido Socialista, organizaron un encuentro en el Hotel Victoria Plaza de El Escorial, en Madrid en el que participaron dirigentes políticos y altos mandos del ejército, mantuvo un lazo de confianza con el mandatario que los unió por largos años, y que tuvo su máxima expresión cuando lo nombró Comandante en Jefe en el 2002.
Supuesto pacto: Desmarcarse del pinochetismo
Aquel “nunca más” tenía un propósito claro, y probablemente fraguado desde mucho antes de su nombramiento. Según coinciden varios analistas políticos, Cheyre tenía una doble tarea, por un lado desmarcarse del Pinochetismo, pero a su vez, “no abrir viejas heridas” que pudiesen afectar al círculo más cercano al dictador. “Un acuerdo tácito”, sostienen algunos, fundamental para la estabilidad del gobierno del Presidente Lagos, con Pinochet todavía vivo y sin ser juzgado. Claro, aún había militares que veían con recelo la llegada de otro socialista a La Moneda, pero la presencia “mediadora” y estratégica del nuevo alto mando les daba garantías a ambas partes.
Denuncias en el silencio
Cuando Ricardo Lagos anunció públicamente que sería Juan Emilio Cheyre quien sucedería al general Izurieta, en noviembre del 2001, para asumir en marzo del 2002, ya había denuncias en su contra por el Caso Caravana de la Muerte, sin embargo, eran poco conocidas y en ese momento la posibilidad de que se iniciaran investigaciones, o más aún, que se determinara alguna responsabilidad se veía lejano, casi como algo irreal. Por lo mismo, nadie reparó en ello, incluso hasta el día de hoy Lagos ha mantenido su postura tendiente a defenderlo y justificar su designación en el alto mando del ejército. “No había ningún elemento que lo incriminara (…) Por supuesto que se hicieron todos los estudios, todos los análisis. Se consultó incluso el tema de la Caravana de la Muerte, y la respuesta fue que no había nada”, precisó el ex mandatario, en entrevista a un medio nacional en 2018, dejando en claro que su respaldo a Cheyre es irrestricto, aun cuando son cada vez menos los integrantes de esa élite política que lo llevó a lo más alto, la que se atreve a darle su apoyo públicamente.
“Fue decepcionante la protección hacia el general (Juan Emilio) Cheyre. Me habría gustado que el Presidente Lagos hiciera que cada militar asumiera las responsabilidades", indicó Angélica Monares, familiar de una de las víctimas de Antuco en el 2006
Y si el respaldo continúa ahora cuando que ya existe una condena, durante el periodo en que Juan Emilio Cheyre fue comandante en Jefe, fue aún mayor.
Ni siquiera cuando enfrentó su mayor crisis, el 18 de mayo del 2005, en la tragedia de Antuco en la que tres compañías del regimiento de Los Ángeles efectuaron un ejercicio de montaña que terminó con la vida de 45 jóvenes soldados, la clase dirigente le quitó el piso, pese a que los familiares de las víctimas exigían su destitución. “Fue decepcionante la protección hacia el general (Juan Emilio) Cheyre. Me habría gustado que el Presidente Lagos hiciera que cada militar asumiera las responsabilidades", indicó Angélica Monares, hermana de una de las víctimas a Cooperativa el 2006, a un año de la tragedia, señalando que nunca hubo voluntad política “para que los altos mandos pagaran”.
Más espaldarazos
Pero más allá de la tragedia, el reconocimiento y los “espaldarazos” a su figura entre el 2002 y el 2006, continúan hasta el día de hoy. De hecho, el exministro de Defensa de Michelle Bachelet, Francisco Vidal, estima que no se puede juzgar el desempeño de Cheyre por lo que se conoció con posterioridad, señalando a El Mercurio en noviembre del 2018 que “el hecho de que un comandante en jefe del Ejército reconociera lo que era evidente, que la violación a los derechos humanos en la dictadura era una política institucional, demostró su coraje (…) En mi opinión, la transición le debe mucho a Cheyre. Porque ese reconocimiento implica un elemento de sanación de la sociedad", aseveró Vidal, incluso ya conocida la sentencia al exmilitar por su participación en la Caravana de la Muerte.
La reinvención en el mundo civil
“El jueves 9 (de marzo) Juan Emilio Cheyre deja el ejército que ayudó a cambiar, en tándem con el Gobierno de Lagos. Miembro de la élite militar, se va marcado por su promesa de “nunca más”, las desgracias de la Antártica y Antuco, y el distanciamiento del patriarca”, escribía la periodista Pamela Jiles, en un reportaje publicado por La Nación, el 4 de marzo del 2006, cuando el general se retiró de las filas del ejército, dejando, en términos globales una buena impresión en todos los sectores.
“Que él plantee que solamente manejaba la cuestión administrativa y que no tenía conocimiento de nada es muy poco creíble, ya que era el número dos después de Lapostol", Ernesto Lejderman, en el 2013, tras un cara a cara con Cheyre en televisión
Su capital político era sólido y los vínculos con la Concertación más firmes que nunca. Recaló en el mundo académico, como director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. También publicó columnas de opinión, y habitualmente se le veía en paneles de programas de televisión debatiendo sobre contingencia y política. Más tarde, ya bajo la administración de Sebastián Piñera fue nombrado integrante del Servel y miembro de la mesa asesora para la demanda que presentó Bolivia ante La Haya.
Definitivamente, el general del Nunca Más se adaptó a la sociedad sin uniforme y cosechó lo que sembró por años en el mundo civil que lo recibió con los brazos abiertos. Pero claro, aunque su futuro era prometedor, su pasado imposible de borrar.
Cuentas pendientes: El comienzo de la caída
Fue su pasado el que terminó por condenarlo. Para el 11 de septiembre de 1973, Juan Emilio Cheyre cumplía labores en el Regimiento Arica de La Serena. Tenía sólo 25 años y era parte de la élite militar con un alto mando como teniente y mano derecha del comandante de la unidad castrense, el coronel Ariosto Lapostol Orrego.
Esta etapa de su carrera y de su vida, lo marcaría para siempre, y determinaría más tarde su caída después de haber estado posicionado en el mundo militar y civil. Ya en el retiro, debía pagar las cuentas pendientes que por momentos parecían expiradas.
El pasado a cuestas
Pese a que Lagos insiste nunca haber sabido nada cuando lo nombró comandante en jefe, el nombre de Cheyre ya había sido mencionado por algunas víctimas en la causa de la Caravana de la Muerte que investigaba el Juez Juan Guzmán Tapia desde 1998, y que solicitó ampliar el 2001.
Todavía no existía nada formal en su contra. “Sólo rumores”, y la certeza de que el exmilitar desempeñaba labores en el Regimiento Arica de La Serena cuando la comitiva encabezada por Sergio Arellano Stark, pasó por la capital regional y dejó como saldo a 15 presos políticos fusilados.
Pasó desapercibido, pese a que los querellantes insistían en su participación. De igual forma, se le bajó el perfil a otra investigación paralela llevada por Guzmán, sobre la desaparición de Rodrigo Palma (8) y Jimmy Christie (9), dos niños presuntamente ejecutados el 24 de diciembre de 1973 en Guayacán, Coquimbo, por personal militar, causa que, en todo caso, fue sobreseída por el sucesor de Guzmán en las indagatorias, el ministro Jorge Zepeda, algo que no dejó satisfechas a las familias quienes continúan exigiendo justicia.
En ese momento, mayo del 2002, sería la propia Michelle Bachelet, quien era ministra de Defensa, y, según dicen, al igual que Lagos, muy cercana al jefe militar, quien salió al paso de las acusaciones. “Lo primero que quiero señalar, y ya lo he hecho, y no voy a hacer más comentarios, es que nosotros respaldamos en todo momento al comandante en jefe del Ejército”, precisó la ex mandataria a medios nacionales.
Menos revuelo mediático aún tuvo el comienzo de la investigación en el un desconocido caso Lejderman, en la que Juan Emilio Cheyre fue llamado por el juez Daniel Calvo por primera vez a declarar ya como máxima autoridad castrense, en abril del 2003.
En esa oportunidad, el hoy general en retiro relató el episodio ocurrido en diciembre del 73, cuando, según él mismo admitió, recibió la orden de Ariosto Lapostol de entregar a Lejderman, un bebé de dos años y medio cuyos padres habían sido fusilados, al convento Casa de la Providencia de La Serena. Nunca admitió saber cómo había muerto la pareja realmente ya que, según sostiene hasta el día de hoy, a él se le informó que ellos mismos se habían dinamitado. “Si mal no recuerdo las monjas vinieron al regimiento a buscar la guagua, no me parece que yo haya entregado al menor a las monjas. La guagua estuvo no más de una hora y media o dos horas en el regimiento hasta que se lo llevaron las religiosas”, fue la primera versión del general en retiro, quien no imaginaba que años más tarde este caso, que trataba de manejarse bajo cuerdas, sería el que lo llevaría a recibir una condena social sin precedentes para él.
Caso Lejderman sale a la luz
Así es. Durante mucho tiempo sus secretos se mantuvieron ocultos. Pero estando fuera del ejército, lo que por años fue cubierto por tinieblas, salió a la luz. Paradojalmente, el general del Nunca Más, al que habían instalado como el eslabón faltante entre las heridas del pasado y la reconciliación, comenzó a ser uno de los primeros damnificados con la ruptura de los “pactos de silencio”, entre los militares implicados en delitos de lesa humanidad.
Fue precisamente su participación en el caso Lejderman, lo que dio inicio a la caída del general en retiro. Si bien el 2003, su declaración ante el juez Calvo no tuvo mayor repercusión, nueve años después, cuando Cheyre era presidente del Consejo Directivo del Servel, cargo en el que lo había puesto Sebastián Piñera, la historia se conoció masivamente.
Investigaciones periodísticas del 2012, principalmente del diario La Tercera y de TVN, quienes viajaron hasta Argentina para entrevistarse con Ernesto Lejderman, sacaron a la luz pública la dramática historia del trasandino.
En 1973, Lejderman sobrevivió al asesinato de sus padres, Bernardo y María del Rosario, un matrimonio argentino-mexicano que fue asesinado por una patrulla militar del Regimiento Arica, comandada por el oficial Fernando Polanco Gallardo. El bebé de dos años y medio que fue testigo de los hechos, fue llevado primero al recinto castrense donde el coronel Ariosto Lapostol le ordenó a su ayudante, el teniente Cheyre de 25 años, que lo trasladara al convento Casa de La Providencia.
El niño pasó tres meses bajo el cuidado de la monja María Cecilia Ibarra, hasta que fue reclamado por su familia en Argentina, quienes prefirieron ocultarle la verdadera historia, la que sólo conoció siendo un adolescente.
A partir de ese momento los viajes de Lejderman a Chile en búsqueda de la verdad se hicieron frecuentes. Fue en agosto del 2000, mientras el juez Guzmán encabezaba gran parte de las investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos cometidas en dictadura, que se logró establecer el nombre de los militares que iban en la patrulla que dio muerte a los padres del joven argentino, quien a partir de esta información junto a su abogado Héctor Salazar, presentó una querella y cuatro militares fueron procesados.
Cheyre no cayó en este grupo, pero debió sufrir la condena social. Nadie se explicaba que aquel militar que el 2003 “dio el paso más grande” para la reconciliación estuviese implicado en la trágica historia del trasandino.
Cara a cara
Los cuestionamientos a Cheyre, quien en ese momento ya era investigado por su participación en la Caravana de la Muerte y mencionado en otras aristas de las causas que llevaba el juez Guzmán alcanzaron su máxima expresión. Sobre todo, cuando en la emisión del programa periodístico de Televisión Nacional, El Informante, tuvo un cara a cara con Ernesto Lejderman, tras el cual, según coincidieron analistas, “el general en retiro habría salido muy mal parado”, fundamentalmente porque insistió en desconocer tanto la muerte de los padres del argentino, como los otros asesinatos y torturas que se cometían en el Regimiento Arica. “Que él plantee que solamente manejaba la cuestión administrativa y que no tenía conocimiento de nada es muy poco creíble, ya que era el número dos después de Lapostol", manifestó Lejderman tras la emisión del programa, que a su juicio, sepultó a Cheyre.
Los costos del general
De nada sirvió la defensa férrea que le hizo el ex Presidente Lagos una semana después señalando que “no es justo juzgarlo ahora por lo que hizo como teniente a los 25 años”. Es más, desprestigió aún más a Cheyre que ya se había ganado el título de “protegido de la clase política”.
Fueron las presiones tras este episodio, sumadas a las demás causas en las que era investigado, las que lo llevaron a renunciar a la presidencia del Consejo Directivo del Servel, en el que se mantuvo sólo como consejero. "Mi conciencia está en paz y me siento libre de todo cuestionamiento legal y ético", manifestó Cheyre al culminar la declaración pública en la que informaba que su renuncia había sido aceptada.
El ex Comandante en Jefe del Ejército insistió en que siempre creyó en la versión entregada por los militares involucrados en las muertes, quienes afirmaron que los padres de Lejderman se quitaron la vida usando dinamita. Tal declaración fue demostrada como falsa por el proceso judicial que investigó el caso, que concluyó con la condena de tres ex uniformados.
Hechos ineludibles, pero apoyos que continuaban
Las investigaciones del ministro Juan Guzmán fueron clave para sentar un precedente, respecto de las causas de derechos humanos, mucho antes, incluso, que se conociera el caso Lejderman, pero el sumario investigativo fue cerrado en febrero del 2005, dejando a 18 procesados responsables de 94 muertes. Pese a los reiterados intentos no se pudo procesar a Augusto Pinochet, ya que el 9 de julio del 2001 fue sobreseído por demencia, muriendo sin ser juzgado el 10 de diciembre del 2006.
Mientras tanto, Cheyre, continuaba negando cualquier vinculación con los delitos cometidos en dictadura. Se desmarcaba, una y otra vez, y cada vez que era mencionado, recibía el apoyo desde el mundo civil, el mismo que lo había instalado como comandante en jefe, donde recalcaban que no existían pruebas para inculparlo.
Más querellas: Tiempos de careos e interrogatorios
El caso Lejderman marcaría un antes y un después. Una vez conocida la participación del exmilitar, se le vino encima una ola de querellas de presuntas víctimas que lo situaban en el Regimiento Arica, tanto en el Caso Caravana de la Muerte, como responsable de torturas, tormentos y vejámenes en contra de prisioneros.
Fue así como surgió el caso de las hermanas Monroy Rodríguez, en el 2013 y el de Nicolás Barrantes el mismo año, los que se presentaron acciones legales. Luego vinieron otras que mantuvieron a Juan Emilio Cheyre declarando permanentemente ante el ministro Vicente Hormazábal, y siendo investigado por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Los careos e interrogatorios eran cada vez más frecuentes.
Paralelamente, la causa de la Caravana de la Muerte también avanzaba y el excomandante en Jefe parecía encontrarse en un callejón sin salida. Y sin duda sería el 2016 cuando llegó su peor momento, luego que durante el mes de julio surgieran nuevas pruebas sobre su participación en la muerte de 15 presos políticos, que lo llevaron a ser procesado en calidad de cómplice junto a otros 8 exuniformados.
En septiembre vendría un nuevo golpe, luego que el Ministro Mario Carroza recibiera informes por parte de la Policía de Investigaciones sobre el Libro de Novedades de la Cárcel de La Serena. Un cuaderno de registros del recinto penal, donde aparece la salida de medio centenar de reos para ser trasladados hasta el regimiento de esa ciudad en octubre de 1973.
Entre los internos se encontraban 14 de los 15 prisioneros políticos que fueron fusilados por los militares que integraban la Caravana de la Muerte. El hallazgo de este documento reafirmó la tesis del juez Carroza en cuanto que el regimiento prestó plena colaboración a la operación liderada por Sergio Arellano Stark.
El ocaso de su vida pública
La carrera pública civil del ex militar terminó de venirse abajo. Cheyre ya había renunciado a la presidencia del Servel hace tres años, pero se mantenía como consejero, algo que comenzaba a generar incomodidad al interior de le entidad. Por lo mismo, sabiendo lo que podría venir, el excomandante en jefe había enviado su carta de renuncia al cargo, la que fue aceptada seis meses después por la presidenta Michelle Bachelet, en enero del 2017, con la investigación en curso.
A esas alturas cualquier cargo de índole pública que pudiese ejercer se hacía insostenible. Prueba de ello fueron las dificultades que tuvo para salir del país en septiembre del 2016, cuando, pese a haber sido autorizado por el Juez Mario Carroza, previo pago de una fianza, para viajar a Colombia en el marco del fin de las hostilidades en ese país entre el Gobierno y las FARC, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, apeló a la determinación. Sí, parecía ser que, de a poco, al general del nunca más, “se le acababan los privilegios”, según indicó en ese momento el abogado querellante de las víctimas, Cristián Cruz.
La condena de 2018
El abogado de Cheyre, Jorge Bofill, siempre insistió en su inocencia, lo mismo que el en ese entonces inculpado, quien era asesorado ad honorem por el exministro de Patricio Aylwin, Enrique Correa, dedicado al lobbismo, quien manejaba cada paso que daba Cheyre y elegía minuciosamente sus escasas apariciones públicas. “De corazón, yo no sabía absolutamente nada. Yo vivía afuera del regimiento, por casualidad, ese día estaba ahí”, expresó ya procesado Cheyre en entrevista a Canal 13 el 2016.
Meses antes, ya había sido parte de la reconstitución de escena que se efectuó en el Regimiento de Infantería Número 21 de Coquimbo, ex Regimiento Arica, junto a otros oficiales de alto rango en la época, entre ellos Ariosto Lapostol. La diligencia, ordenada por el Juez Mario Carroza, duró más de tres horas y Juan Emilio Cheyre no se dejó ver en ningún momento.
Pero su defensa sí se refirió al tema. “Obviamente, tratándose de una investigación vinculada a hechos tan terribles como la caravana de la muerte, la investigación tiene que ver con la eventual participación de las distintas personas investigadas. En ese sentido, tengo la total confianza de que la forma en que se desarrolló la diligencia hoy día ha confirmado una vez más que Juan Emilio Cheyre no tuvo absolutamente ninguna intervención”, manifestaba Jorge Bofill, en abril del 2015.
Pese a la confianza del abogado, la sentencia fue clara, y aunque no dejó conforme a la parte querellante, sí sentó el precedente. En noviembre del 2018 Cheyre se convertía en el primer número uno del ejército en ser condenado por causas relacionadas a la violaciones a los Derechos Humanos. Aunque en principio se le acusaba de cómplice, finalmente la sentencia dictaminó que había participado como encubridor en las 15 muertes ocurridas el 16 de octubre de 1973, tras el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena.
De acuerdo al fallo de 335 páginas, Cheyre tenía conocimiento de las ejecuciones que se estaban realizando en el lugar, y facilitó los medios para que los autores eludieran su responsabilidad. Un duro golpe, tal vez el más fuerte, sufrido por el general en retiro, el que le dio el tiro de gracia al militar quien pasó de ser ícono de la reconciliación a la cara más visible de los crímenes de lesa humanidad en Chile.
La decisión de Carroza fue impugnada por el abogado Bofill, sin embargo, todavía nada se sabe al respecto y Cheyre cumple los tres años y un día a los que fue sentenciado, en libertad vigilada.
La mañana más amarga
Pero quedaban deudas por saldar. Todas las querellas que se interpusieron en contra de Cheyre mientras era investigado por su participación en la Caravana de la Muerte, eran llevadas a puerto por el Ministro Vicente Hormazábal, a cargo de las causas relacionadas con las violaciones a los Derechos Humanos en la Región de Coquimbo.
Y fue aquella mañana del pasado jueves 7, cuando el general tuvo que comparecer una vez más ante la justicia, y enfrentar un nuevo procesamiento, por los delitos de tortura, tormentos y apremios ilegítimos en contra de 24 prisioneros que habían pasado por el Regimiento Arica. Con esta resolución, la tesis de que Cheyre sólo había estado de manera circunstancial en el recinto castrense durante el paso de la Caravana de la Muerte, se esfumaba, y, según este dictamen, las conductas del por entonces teniente habrían sido reiteradas entre septiembre y diciembre de 1973.
A nadie pareció sorprenderle, y esta vez, pocos salieron en su defensa. Definitivamente poco quedaba del General símbolo del fin de la transición, aquel que en el año 2004 pronunció el histórico “Nunca Más” a las violaciones a los Derechos Humanos y que en 2005 enfrentó la muerte, en una fatal caminata bajo la nieve, de 45 conscriptos del regimiento Antuco. Aquellos sólidos vínculos con el mundo político que lo llevaron a iniciar una meteórica carrera en la esfera pública una vez retirado del mundo castrense, sencillamente se diluyeron y la historia terminó juzgando su pasado sus errores y sus secretos. 4601iR
CRONOLOGÍA:
Marzo 2002
Juan Emilio Cheyre es nombrado Comandante en Jefe del Ejército por el Presidente Ricardo Lagos
Mayo 2005
Enfrenta su peor crisis como máxima autoridad castrense cuando una fatal caminata deja 45 soldados muertos en Antuco. Fue respaldado por el mundo político.
Marzo de 2006
Deja el cargo de comandante en jefe, incorporándose rápidamente al mundo civil y ocupando altos cargos en la esfera pública.
Junio 2016
Es procesado por su participación como cómplice en el caso Caravana de la Muerte, donde murieron 15 personas fusiladas en el Regimiento Arica en Octubre de 1973.
Noviembre de 2018
Finalmente es sentenciado como encubridor en el Caso Caravana de la Muerte y debe cumplir tres años y un día de libertad vigilada
Febrero de 2019
Cheyre es procesado nuevamente por un caso vinculado a violaciones a los Derechos Humanos, por tortura a 24 presos políticos.
Causas que lo vinculan
Además de las causas en las que Cheyre se encuentra procesado o sentenciado, como la de tortura a los 24 expresos políticos, y la Caravana de la muerte, ha sido mencionado en otras dos. Una de ellas es la de Ernesto Lejderman, donde si bien no recibió ninguna condena y se dictaminó que no tenía responsabilidad penal, no pudo evitar el juicio público en su contra. Por otra parte, también fue vinculado con la desaparición de Rodrigo Palma (8) y Jimmy Christie (9), dos niños presuntamente ejecutados el 24 de diciembre de 1973 en Guayacán, Coquimbo, por personal militar, donde tampoco se estableció alguna participación.