Discriminación a inmigrantes en la región es mayor hacia personas afrodescendientes

Coquimbo es la región con la más alta percepción de discriminación hacia la población migrante, según la mirada de este mismo grupo de personas, que durante los últimos años ha duplicado su presencia en la zona. Esto afecta “con más fuerza” a la comunidad afrodescendiente, lo que se puede explicar por razones racistas, según el equipo del Instituto de Políticas Públicas (IPP) de la Universidad Católica del Norte.

Esta problemática fue abordada en terreno por el instituto, que conversó con los principales actores de este fenómeno, para hacer un diagnóstico de las dificultades a las que se enfrentan los migrantes en la región y los desafíos que estos plantean no solo para la institucionalidad, sino para la sociedad en general.

La socióloga del IPP, Daniela Henríquez, explica a El Día que “en la región hay una percepción de la población migrante como si fueran grupos de una segunda categoría. Eso afecta con más fuerza a la población afrodescendiente y ahí se pueden observar discursos racistas, que no tienen que ver necesariamente con el rechazo a la migración”.

Según la profesional “la gente no es consciente de que esos discursos son racistas o discriminatorios”, frente a lo cual se maneja la hipótesis de que “estamos acostumbrados, sobre todo en la conurbación La Serena-Coquimbo, a contextos muy homogéneos, donde no hay una composición social muy diversa”.

Así, pese a matices, la socióloga ejemplifica con que “la gente va a colegios donde comparte con personas prácticamente iguales a ella, lo mismo en un centro comercial o un supermercado (…) por lo general no se encuentran con personas distintas, lo que hace que se genere un rechazo, pero sin tener necesariamente conciencia de ello”.

Para Henríquez, se debe trabajar en “avanzar en un enfoque de derechos” que permita dejar de ver a estas personas como grupos de “segunda categoría” y se les valore por “el solo hecho de ser personas”, algo que debe ir de la mano “con políticas públicas que favorezcan la integración, porque hay países que incluso han potenciado su desarrollo con una política migratorio robusta”, sostiene.

“Los migrantes en la región de Coquimbo vienen con la intención de mejorar su calidad de vida y por lo mismo, con intención de trabajar. Son personas en edad joven, en el caso de los venezolanos la mayoría tiene estudios profesionales y en ese sentido son un capital humano muy especializado y que hoy día por ejemplo en la pandemia se está viendo la incorporación de este grupo con especialidad médica para poder atender la emergencia”, agrega.

Diagnóstico migrante

El análisis de las problemáticas que afectan a los inmigrantes fue encargado al IPP por el Gobierno Regional, y financiado con recursos Subdere, por lo que no solo tiene un “fin científico”, sino que está direccionado específicamente a generar políticas públicas que puedan dar respuestas a estos grupos de personas, que se encuentran en constante crecimiento.

Al igual que el resto del país, la Región de Coquimbo ha registrado un acelerado incremento de la población migrante y para fines de 2018 ya se estimaba en 29.537 el total de personas extranjeras con residencia en la zona, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migraciones.

De 2017 a 2019 se duplicó la cantidad de inmigrantes, lo que plantea “un desafío no menor” dice Henríquez, para una institucionalidad “que estaba preparada para cierta cantidad de personas” y que en este nuevo escenario enfrenta la difícil tarea de “poder ordenar, gestionar y procesar” el trabajo en esta materia.

Además, las estructuras han cambiado. “Desde 2017 hacia atrás teníamos mayor cantidad de gente proveniente de Perú o de Bolivia. Hoy los principales grupos que migraron los últimos dos años vienen de Venezuela, Haití y Colombia. Esto tiene impactos culturales y para la población haitiana resulta muy compleja la integración a propósito de la barrera idiomática”, agregó la socióloga.

Principal necesidad

Para Henríquez resulta crucial asegurar la “identidad jurídica” de los migrantes, algo importante a la hora de encargarse de temas trascendentales para su calidad de vida, como la vivienda y el trabajo. Esto implica “existir civilmente en el país al que uno llega”, lo que en términos simples, en Chile se relaciona con el RUT.

“Imagina la cantidad de veces que a nosotros nos piden el RUT para poder hacer un trámite. Constantemente estamos necesitando este dato. Desde algo simple como enviar una encomienda, hasta para algo mucho más complejo, como hacer un contrato de arriendo. Para todo esto se necesita tener la situación regularizada”, indicó.

Quien no tenga esa identidad jurídica, explicó Henríquez, “va ser vulnerable de abusos, tanto para la contratación laboral, como para hacer un contrato y obtener una vivienda. Al no tener una condición migratoria regulada, no se pueden establecer relaciones civiles como un contrato bajo la norma”.

Con estas conclusiones, el estudio del IPP fue presentado en la zona con el fin de generar políticas al respecto. En este sentido, para Henríquez, es una “oportunidad relevante” en la Región de Coquimbo que se cuenta “con una mesa, que es liderada por la Seremi de Desarrollo Social, donde se trabaja a nivel intersectorial estos temas”.

Dentro de sus propuestas, sostiene, se remarca la necesidad de trabajar en sensibilización, pero no solo con las instituciones, sino que también con la ciudadanía, “porque de esa manera es factible que se permita la integración social de las personas migrantes y que ellos no solo puedan ejercer sus derechos, económicos, sociales, sino que también puedan ser un aporte efectivo a la sociedad”, concluyó.