Ernesto Jorquera: “Esperamos tener obras del CDT a fines de este año o principios de 2018”

El director del Servicio de Salud Coquimbo, Ernesto Jorquera, informó que la entidad ya dio inicio a un segundo proceso de licitación para la construcción del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de La Serena, recinto que se emplazará en el edificio de la excárcel de la capital regional y que forma parte de la primera etapa de la normalización del hospital San Juan de Dios.

Según detalló la autoridad, este proceso partió la semana antepasada y, de cumplir los plazos establecidos, podría traducirse en la concreción de obras a fines de este año o principio de 2018.

El trámite se da luego de efectuarse una fallida primera licitación a la que habían postulado 6 empresas, 4 de las cuáles calificaban para la ejecución del proyecto. Sin embargo, luego de ser adjudicada la obra el Servicio de Salud envió la Resolución a Contraloría, quien planteó algunos reparos.

De acuerdo a lo señalado por Jorquera, una de las objeciones de la entidad decía relación con el oferente, en cuanto a la evaluación de la experiencia de los profesionales. El segundo y tercer punto en cuestión eran atribuibles al mandante (Servicio de Salud), que tenían que ver con no contar con un certificado de no pertinencia de una Declaración o Estudio de Impacto ambiental  y un conjunto de elementos técnicos en relación a los planos.

“Nosotros le pedimos la reconsideración, porque no estábamos de acuerdo con algunos aspectos de la representación. La contraloría esa reconsideración la volvió a representar, particularmente con los profesionales, insistió en su tesis y que no habían mecanismos idóneos”, explica la autoridad de salud.

Con posterioridad se volvió a solicitar una nueva reconsideración la que también fue desechada por el organismo contralor, en tercera instancia, se solicitó una aclaración, la que tampoco surtió efecto.

Tras este tercer intento, a fines del mes de marzo se informó que finalmente el órgano contralor no acogió los argumentos y que debería operar un segundo proceso licitatorio.

Jorquera dice estar confiado en que la experiencia que les dio este proceso les da las armas para que, en esta oportunidad, sí puedan conseguir concretar el proyecto.

Respecto a las críticas que han surgido, sobre todo de autoridades como el diputado Miguel Ángel Alvarado, indica que no hace comentarios pero que detrás de la iniciativa existe un equipo de profesionales que ha estado trabajando arduamente para conseguir este propósito dado que este es “un proyecto muy querido por toda la región”.

-¿Qué fue lo que ocurrió con este nuevo rechazo del proceso licitatorio del CDT?

“Nosotros le entregamos argumentos a la Contraloría en relación a la forma de evaluar las competencias o las experiencias de los profesionales. De hecho en algún minuto nosotros, como teníamos esta diferencia de opinión, contratamos un estudio con un abogado doctor en derecho administrativo de bastante prestigio a nivel país y el coincidía también con nuestra forma de análisis”.

“Por eso que con la segunda aclaración que le pedimos teníamos algún grado de esperanza, a propósito de que entendíamos que dentro de las razones que teníamos habían imperativos fuertes. Pero los equipos técnicos y el contralor reafirmaron la posición de que la forma que tenían ellos de evaluar era la correcta y que los profesionales presentados por el oferente adjudicado no cumplían con las características”.

-El principal cuestionamiento es el tema de la experiencia de los profesionales. ¿Cuáles eran los argumentos?

“Este es el punto álgido dentro de la representación de la Contraloría y es importante hacerlo notar. La manera de nosotros de evaluar la experiencia de los profesionales es primero mirando si efectivamente la persona dice que es ingeniero, que está acreditado, que tiene un título y desde el momento de la titulación hacia adelante uno puede ver si esta persona tiene esta experiencia. Después, la segunda parte de la evaluación era la cantidad de metros construidos que tenía la persona en tanto a su experiencia  y se hace una tabla calificatoria y la otra evidentemente en cuanto a los años”.

“Pero la Contraloría la forma de tiene de contabilizar la experiencia de alguien en particular es a partir de los metros cuadrados y el tiempo que ha tardado en construir esos metros cuadrados. Entonces, para nosotros eso es lo que nos llama profundamente la atención, porque una obra puede demorarse más o menos y tener los mismos metros cuadrados”.

-¿Y el segundo punto?

“Ya es más formal y administrativo. El encargado de obras que había presentado la empresa en término de obras de salud, en base a esa forma de contar, le daba 7,6 años y la experiencia requerida, pero por el criterio nuestro, eran 8 años. Bajo esa lógica, no le daba, a pesar de que es titulado y tiene más de 15 años de experiencia profesional. Pero la Contraloría, para bien de todos, es quien tiene la palabra final en cuanto a la sanción de los aspectos administrativos y por tanto si ellos definen, nosotros en tanto actores públicos, ya no nos queda más que acatar lo que plantea”.

-¿Pero habían cuestionamientos también en relación al tema del túnel que conectará con el edificio del hospital?

“Esos ya son los aspectos técnicos. En el tema del túnel las observaciones que se hacían nosotros les demostramos fehacientemente que el estudio de suelo estaba, que el estudio estructural del edificio estaba, lo que no teníamos a la vista ahí era el permiso para hacer el túnel. Es un tema administrativo y alguien podrá decir, bueno, pero por qué no sacaron el permiso. Hicimos todos los trámites para tenerlo pero la verdad es que nosotros durante todo el proceso anterior no le dábamos mucha importancia, porque habitualmente esos permisos se hacen cuando ya entras a obras”.

-¿En qué consistía este documento?

“En las conversaciones que tuvimos con la Contraloría lo que le pedimos fue que nos definiera por qué nos señalaba que no teníamos el certificado de no pertinencia del Sistema de Evaluación Ambiental y nuestra respuesta fue que aquí hay un principio general de los aspectos administrativos que es la irretroactividad de los actos administrativos. Esto porque el año 2012 había habido un dictamen de Contraloría que no hacía exigible para este tipo de construcciones el pedir este certificado de no pertinencia, cosa que es ratificada en otro dictamen del 2015 y nosotros todos nuestros permisos de ejecución, es decir, el permiso de edificación más la recomendación favorable del ministerio de Desarrollo Social, lo obtuvimos en ese periodo. Por tanto, nosotros no teníamos ninguna falta administrativa al respecto”.

-¿Por qué se solicita entonces?

“El asunto cambia porque el año 2016 la Contraloría saca un dictamen volviendo a la situación de antes de 2012, es decir, que sí se requería para este tipo de ejecuciones, pero nosotros decíamos que todos los permisos los obtuvimos antes y cómo íbamos a saber que se iba a cambiar un dictamen posteriormente.  De hecho nosotros teníamos una carta de no pertinencia obtenida el año 2010, porque este proyecto partió el 2006 con sus estudios, pasó por el Consejo de Monumentos Nacionales, ha sido un proyecto bastante complejo entre las instituciones que tienen que darle el visto bueno”.

-¿Eso quiere decir que el proyecto no requiere de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o una Declaración de Impacto Ambiental (DIA)?

“La verdad es que si requiere una declaración o un estudio de impacto ambiental el único organismo que puede determinar eso es el Sistema de Evaluación Ambiental, por eso ellos entregan un documento en el cual ratifican la no pertinencia de ese estudio. Nosotros asumimos que no porque ya teníamos un certificado que decía que no y además porque todos nuestros permisos fueron obtenidos en un tiempo en que no era exigible aquello”.

Inicia la segunda licitación

-¿Cuantas empresas postularon en la primera licitación?

“Llegaron 6 empresas y quedaron para ser calificadas 4. De estas 4, al aplicarle los criterios que planteaba el Contralor, sobre todo en los aspectos de los profesionales, había una que podía cumplir con eso, pero nos ponía en una complejidad mayor, porque se escapaba muy por sobre los costos estimados para esta obra. Esto no nos daba ni siquiera espacio para ir a reevaluación, teníamos que descartarla, porque cuando todas las ofertas que tu recibes están por sobre el presupuesto que tú tienes, puedes pedir ir a reevaluación, pero cuando tienes ofertas dentro del margen de lo que tienes establecido, estás obligado a una segunda licitación, porque un principio que guía esto es el cuidado del patrimonio público, entonces, si hay ofertas dentro de lo que se estima que cuesta el proyecto, uno tiene que volver a licitar”.

-Se va a efectuar entonces una segunda licitación…

“Una vez obtenido el documento y la presentación de la línea argumental que nosotros le planteamos a la Contraloría, lo que hicimos inmediatamente fue iniciar el segundo proceso de licitación”.

-¿Esto quiere decir que el proceso se tiene que hacer todo de nuevo?

“Se hace todo de nuevo, pero el sistema parte en ese punto, de la licitación, no se hace todo el proyecto de nuevo, porque el proyecto está bien, tiene presupuesto, tiene RS, tiene su permiso de edificación”.

-¿Y en qué está esta segunda licitación?

“Ya partimos, lleva un poco más de una semana en el portal, lo abrimos el jueves de la semana antepasada, se subió al portal de compras públicas y le pusimos 62 días, es decir, se cierra el día 31 de mayo”.

-¿Eso cuanto puede tardar después en adjudicarse nuevamente?

“Hay un tiempo que está bajo nuestro control, que es el que nosotros nos demoramos en evaluar las ofertas, que eso esperamos que no sea más allá de 15 días corridos. Si existen empresas a las cuáles se pueda adjudicar se hace y en ese proceso de adjudicación nosotros hacemos una resolución que con todos los antecedentes va a la Contraloría, la que analiza el proceso. Ahí o toma razón, o toma razón con alcance o, y no quiero ponerme en ese escenario, nos representa”.

-Y luego de eso…

“En la primera licitación la Contraloría se demoró 4 meses en el análisis. Nosotros esperamos que en esta oportunidad, pero es una esperanza nuestra, porque tienen muchas otras cosas que hacer, si nos dan prioridad se podrían demorar 45 días. Ahí sumamos otros dos meses, eso sería junio o julio y si toma razón, empezaríamos con el aspecto de contrato en agosto y eso también tarda como un mes, porque esa parte está regulada por ley”.

“Posteriormente tenemos 10 días para hacerle una propuesta de contrato a la empresa y ésta tiene 20 días para contestarnos esta propuesta. Una vez que ya tenemos esos aspectos administrativos contractuales realizados, podemos entrar a la fase de entrega de terrenos, que la estamos calculando para septiembre u octubre”.

-Siendo así y si se cumplen esos plazos. ¿Podría haber inicio de obras a fines de este año o principios del próximo?

“Si se dan todos los tiempos y todo ocurre como gran parte de las obras que hemos realizado, esperamos tener obras del CDT a fines de este año o principios de 2018. Así es, con ese énfasis estamos trabajando”.

-Y de ahí serían 39 meses de ejecución según el plazo contractual…

“Ese aspecto es un tanto inamovible, porque esta es una obra bastante compleja, por razones arquitectónicas y tiene muchas complejidades en términos constructivos, va a ser muy exigente en ese sentido”.

-¿Hay cierta normativa por ser edificio patrimonial?

“Así es, pero este edificio es más bien de connotación histórica,  hay diferencias técnicas, pero el CMN ya dio todas las aprobaciones en tanto a lo que a ellos les compete, que tiene que ver con los aspectos arquitectónicos del proyecto y a su vez los aspectos que deberían ser conservados del edificio. Todo eso a su vez le pone complejidad a la construcción posterior, porque no es llegar, botar todo y comenzar a construir de nuevo, no, tenemos que ir cuidando las cosas que se tiene que conservar”. 3701iR