El pasado 21 de noviembre el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena condenó a Felipe Andana Marín (34) como responsable en el accidente de tránsito con resultado de muerte que involucró a la familia Garrido-Traipe, de Las Compañías.
El fatídico episodio tuvo lugar el 27 de abril del 2019 cuando Andana, en estado de ebriedad, se desplazaba a exceso de velocidad por el Puente Zorrilla e impactó al vehículo que ocupaba el grupo familiar, falleciendo en el lugar Miguel Garrido, el padre, y horas más tarde en el hospital, el hijo mayor, Jean Pierre Garrido. La menor, Mery Danae quedó grave y hasta el día de hoy se mantiene en estado vegetal, mientras que milagrosamente la madre de la familia, Yocelin Traipe, resultó prácticamente ilesa.
Además de la condena por las muertes cuya pena quedó en cinco años debido a que no se consideró la reincidencia del sujeto, también fue sentenciado por huir del sitio del suceso sin prestar auxilio, por lo que se le sumaron otros cuatro años totalizando nueve años de presidio, algo que no dejó conforme a la parte querellante ya que consideraron que la pena era demasiado baja.
Por su parte, la defensa del acusado, pese a que logró bajar sustancialmente la condena que solicitaban desde el Ministerio Público, en principio anunciaron que igualmente solicitarían la nulidad del juicio por los vicios iniciales que habría tenido el procedimiento, según dijeron, al tomarles declaración a familiares sin advertirles que no estaban obligador a entregar su testimonio debido a la cercanía que mantenía con el sujeto. Sin embargo, se declinó de la acción por expresa petición del hoy condenado.
Nuevo capítulo
Se pensaba que todo había terminado, sin embargo, es el propio abogado querellante Raúl Castillo, representante de Yocelin Traipe quien está escribiendo un nuevo capítulo en esta trágica historia, aunque lo realiza a solicitud de la propia madre de familia.
Fue el pasado jueves cuando presentó una querella, la cual tuvo acogida en el tribunal, en contra Jorge Andana Monroy y Deisy Castillo Monardes, quienes, según acusa Castillo, habrían prestado falso testimonio durante el juicio. “Ambos en su calidad de testigos, en sus declaraciones sobre hechos y conductas de terceros, a aquellos, les atribuyeron defectos y omisiones sustanciales, que incidían en un procedimiento investigativo y en la confección de registros y actas, con la única finalidad de obtener un veredicto de inocencia para Felipe Andana Marín, acusado en dicha causa criminal”, consigna el abogado.
La querella
Según consigna la querella, “la conducta desplegada por los imputados, es de la mayor gravedad, porque afecta la recta Administración de Justicia, en su sentido funcional, porque introducen hechos falsos que afectan la fiabilidad de los registros policiales y de la fiscalía, en su vertiente de desconocer lo allí registrado, y atribuir a los funcionarios públicos una conducta omisiva o desprolija, en su perjuicio, lo que no aconteció de aquella manera, a fin de obtener ventajas procesales y decisiones favorables para el acusado”.
De igual forma, el documento pone el acento en las supuestas contradicciones en las que habrían incurrido los hoy acusados, por ejemplo, dice Castillo, respecto de la cantidad de llamadas efectuadas por Felipe Andana, “lo que deberá ser indagado en este proceso penal (…) Los dichos de doña Deisy Castillo, fueron contrapuestos con lo expuesto por el propio acusado quien sostuvo que la llamó por teléfono, le contó a ella que estaba herido, y le pedía ayuda, en tanto, que aquella señaló́ que éste no había dicho nada, y que solamente le dijo que le entregara el aparato celular a su suegro”, sostiene el querellante, agregando que, en definitiva, “en su conjunto, debidamente concertados, Jorge Andana y Deisy Castillo, emitieron declaraciones sobre datos o hechos que habían adquirido conocimiento, alterando la verdad, atribuyendo a terceros conductas, actuaciones, actos y omisiones, entendidas como conductas desleales, con la finalidad de provocar la convicción del tribunal en un determinado sentido”.
¿Rompiendo acuerdos?
Consultado respecto de la acción legal, el abogado defensor de Andana, Carlo Silva, se mostró sorprendido y expresó que le parecía irregular en atención a lo que habían convenido todos los intervinientes del caso una vez finalizado el juicio, al no recurrir a la nulidad. “Recordemos que existió un pacto entre la señorita fiscal, Raúl Castillo y este defensor, en orden a no recurrir en contra de la sentencia de juicio (…) Al convenir todas las partes a no recurrir entiendo que hemos pacificado la discusión, por una parte, las víctimas representadas por el señor Castillo y mi representado quien se conformó con esta pena y decidió cumplirla”, sostuvo Silva.
De igual modo, calificó de “desmesurado” el actuar del querellante y precisó que no se le ocurría la forma de cómo continuar esta discusión fuera del debate central que implica la resolución del juicio que ya determinó la responsabilidad de su representado. “Pero yendo al fondo, en lo que respecta a los querellados, el padre y la pareja del acusado, también tienen el derecho de protección conforme a su familiar. El delito se da cuando se falta a la verdad en un juicio, y las versiones prestadas por ambas personas son totalmente veraces”, aseveró, concluyendo que no le veía ningún sentido ni posibilidad de que la acción prospere, “y tampoco sé si representa realmente los intereses de la víctima”, indicó.