Tesis del sesgo político y más implicados serán claves en defensa de exintendenta

Sólo faltaba la confirmación, y llegó durante la mañana de este sábado. En una declaración por escrito -todavía con el logo del Gobierno Regional- la ex intendenta Lucía Pinto, oficializó su renuncia indeclinable al cargo, en medio de una investigación por presunto fraude al fisco. 

En el documento, la autoridad saliente quien presentó su dimisión la noche del viernes al nivel central, admitió que la decisión tomada obedecía a la necesidad de centrar todas sus fuerzas en defenderse de las “injustas” acusaciones en su contra. “En vista de los hechos acontecidos durante las últimas semanas, he presentado mi renuncia indeclinable al cargo de Intendenta de la Región de Coquimbo al Presidente de la República, Sebastián Piñera (…) Por el profundo amor que tengo a mi región, a la que he servido siempre con dedicación, compromiso y lealtad, he tomado esta decisión, pues ella me permitirá dedicarme por completo a mi defensa”, esgrimió en el escrito, que finaliza agradeciendo “el permanente apoyo y confianza” del presidente de la república, aún estos complejos momentos. 

Los hechos en discordia

Pero, ¿qué es lo que se está imputando? En primer término, cabe mencionar que las indagatorias por un presunto Fraude al Fisco tienen que ver con la compra de un terreno en La Serena, destinado a un complejo deportivo por $9.800 millones, en circunstancias que su tasación habría alcanzado apena los $4.000 millones.

Lo más “cuestionable” en esta operación es que la intendencia inscribió un contrato por la adquisición del terreno sin que pasara por la “toma de razón de la Contraloría”, tal como lo han indicado desde el ente fiscalizador, donde consultados por este medio señalaron que se rechazó en cuatro oportunidades el contrato de compra -vía trato directo- para la construcción del Centro Deportivo San Ramón de La Serena, suscrito entre el Gobierno Regional y la Inmobiliaria Guayacán SpA y otras, el 9 de octubre de 2019. Por tanto, se determinó que el GORE incumplió la norma que se aplica para este tipo de transacciones, al no justificar debidamente por qué se había recurrido al trato sin intermediarios. 

Ante estas supuestas irregularidades detectadas por el órgano contralor, pusieron los antecedentes a disposición del Ministerio Público, quienes ahora investigan el posible delito. 

Lucía Pinto, en tanto, tal como lo señaló en su carta de despedida, asegura que es completamente inocente y que no existió ningún tipo de dolo en el actuar ni de ella ni de otros funcionarios del Gobierno regional, y que aquello lo demostrará precisamente en el transcurso de la investigación que hoy se lleva adelante y en la que se encuentra abocada. 

Cabe consignar que éste no es el único hecho en el cual la administración de Pinto ha sido cuestionada. Durante las últimas semanas las acciones del Gobierno Regional también fueron objetadas por Contraloría, debido a la compra de un terreno en el sector de La Cantera para la instalación del nuevo hospital de Coquimbo. De hecho, en este caso se dejó sin efecto la operación, lo que generó indignación en el oficialismo acusando “obstruccionismo” por parte del Contralor Hugo Segovia, quien, según personeros oficialistas no estaría actuando con la misma premura en casos que involucran a un sector político y otro, esto en clara alusión a que su cercanía con la exnueva Mayoría podrían estar influyendo en sus acciones. 

No era la primera vez que Segovia era emplazado por una situación similar ya que en el 2014, cuando ocupaba el mismo cargo en la Región de Arica Parinacota, y su esposa –cercana al PPD y gobernadora por la Provincia de Cauquenes en el primer gobierno de Bachelet- era jefa de Gabinete, del intendente de ese momento (2014). 

Todos estos antecedentes, sin duda que serán puestos sobre la mesa por la defensa de Lucía Pinto, ya que, la tesis del eventual “sesgo político” del contralor se alzan como uno de sus posibles argumentos en una situación que para los representantes jurídicos de la ahora ex intendenta en ningún caso podría ser catalogado como “fraude al fisco”, sino que sería debió, en el peor de los escenarios discutirse dentro de los marcos administrativos sin ser judicializado.  Aquello, es materia de investigación y será la justicia la que finalmente dará su veredicto. 

Las reacciones

Desde el ministerio del Interior, el titular del rubro Víctor Pérez  y  los apoyos al interior del gremialismo no tardaron en llegar. En punto de prensa, Pérez valoró el accionar de Pinto. “Creemos que una autoridad política que en un determinado momento puede recibir de parte de la Contraloría, o el Ministerio Público objeciones o cuestionamientos, sean ciertos o no sean ciertos, poner su cargo a disposición para que la investigación se haga con la mayor transparencia y voluntad me parece que es un gran gesto. Además, ha decidido defenderse desde la  vida civil y no desde el uso de su cargo, lo que demuestra su transparencia. Nosotros hemos puesto todos los antecedentes sobre este hecho que empaña un poco la necesidad de que la Región de Coquimbo pueda contar con nuevos hospitales”, especificó. 

A nivel local las declaraciones vinieron por escrito, casi al mismo tiempo que la oficialización de renuncia. Evidentemente nadie estaba sorprendido, y se trataba de un secreto a voces que tampoco, nadie se esforzó por ocultar. El diputado Sergio Gahona, uno de los más cercanos a Lucía Pinto al interior del partido, destacó las cualidades personales de la exintendenta poniendo el acento en que durante su gestión le tocó enfrentar un terremoto, la peor crisis social de los últimos tiempos, una sequía que aún no da tregua, y por si fuera poco, tuvo que combatir una de las pandemias más devastadoras. “Además, el ámbito personal, tuvo que enfrentar el cáncer. Pese a todo esto, logró seguir adelante y dirigir a toda una región. Mis respetos y admiración para Lucía, conozco su gran humildad, profesionalismo y compromiso con hacer de Chile un país mejor”, aseveró el diputado, poniendo énfasis en su convencimiento de que la justicia hará su trabajo y el tiempo será el mejor aliado para demostrar la inocencia de Pinto. 

El parlamentario Juan Manuel Fuenzalida, coincide en que la decisión de la exautoridad sería una buena determinación basada en toda lógica. “Debe asumir su defensa. Además, debe presentar todos los antecedentes que la exculpen de esta situación. Sin duda, que podrían haber existido errores y negligencias, pero cuando se trata de un proceso penal es necesario defenderse”, expresó. 

Tensión la interna

Al interior del gremialismo regional las aguas están agitadas. Según fuentes a las que tuvo acceso Diario El Día, en las altas esferas del partido no todos estaban de acuerdo con la renuncia de Lucía Pinto, por dos razones: en primer lugar porque “no se vería bien” una salida tan abrupta en medio de una pandemia que vive días claves, y segundo, porque para algunos sería un reconocimiento implícito de que podría existir un “mal accionar” por parte de la exintendenta. Sin embargo, la decisión habría sido de ella y una vez que la comunicó, la instrucción fue cuadrarse y mostrar unidad ante la opinión pública, sobre todo, porque se sigue creyendo que la periodista, hija del histórico militante Floridor Pinto, ha logrado sembrar un buen capital político que podría cosechar en las próximas elecciones parlamentarias, eso sí, sólo si logra ser declarada inocente en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, de lo contrario, y así lo reconocen en el gremialismo, la carrera política de Pinto estaría terminada. 

En estos momentos, la exintendenta se encuentra en Santiago, preparando su defensa, y según lo que se ha podido conocer en las altas cúpulas, los profesionales que la están asesorando, independientes del partido por expresa solicitud de Lucía Pinto, verían un buen futuro respecto al proceso legal, ya que lo que ocurrió, según afirman cercanos a la exautoridad, estaría muy lejos de constituir “un Fraude o un  mal uso de recursos públicos”, que son palabras mayores. 

En la UDI, apuntan, tal como hace algunas semanas, a una “fijación por parte de la Contraloría” contra el Gobierno regional y particularmente del Chile Vamos. Esto, reiteran los gremialistas que conversaron con El Día, se ha visto reflejado en la serie de denuncias que han realizado concejales de su sector por situaciones en el municipio de Coquimbo o Vicuña (DC), sin obtener respuesta del Contralor. De hecho, van más allá, y aseguran que el actuar de Contraloría obedece netamente a una “vuelta de mano” por las críticas de los parlamentarios UDI, respecto del ente fiscalizador. 

Consultado, el presidente regional del partido, Óscar Tapia, prefirió no referirse a lo que se piensa en el partido a nivel interno, pero insiste en que valoran lo que está haciendo la exautoridad regional. “Confiamos en ella. Hay una investigación en curso y esperamos que se aclare pronto, por su bienestar personal, para demostrar que actuaron de acuerdo a la ley”, aseveró Tapia. 

Cabos sueltos

Sin duda que existen cabos sueltos en una investigación que recién comienza, y probablemente representantes de otras instituciones sean citadas a declarar, tanto de gobierno como incluso el municipio de La Serena. En esta línea, el Consejero Regional Marco Antonio Sulantay, del mismo partido de Lucía Pinto, asevera que ellos como Cores, no tendrían responsabilidad en lo que se ha denominado Papaya Gate y que se han enterado de los antecedentes por la prensa tal como cualquier ciudadano. “Nosotros solicitamos la información tanto al Gobierno regional como a la Contraloría respecto de estos temas, pero no ha llegado ningún informe oficial, por tanto no me puedo referir más en profundidad al tema”, expresó Sulantay. 

Pero, ¿no tuvieron que votar ellos en algún momento los cuestionados proyectos? Según el Consejero, su rol es ver “el fondo de los proyectos” por tanto al momento en que los proyectos les llegan a la mesa, necesariamente ya deben haber pasado una serie de fases técnicas. “En este caso la iniciativa es de la Municipalidad de La Serena, que va a la subsecretaría de Desarrollo Social, donde hay un análisis completo de los profesionales que le dan el ‘ok’, al proyecto antes de que llegue a la mesa del Consejo regional, lo que nosotros vemos finalmente es lo político. Por ejemplo, si es necesario o no el hospital, o si es necesario o no un nuevo campo deportivo, pero las tasaciones en dinero ya vienen revisadas”, asevera, desligando responsabilidad el cuerpo colegiado, pero dejando entrever la participación de otros actores. Cabos sueltos que la justicia deberá unir. 

Oposición pide transparencia y premura

Desde la oposición, los diputados Matías Walker (DC) y Daniel Núñez (PC), así como también el Senador Jorge Pizarro, insistieron en la gravedad de los hechos. Incluso, Walker, manifestó que esto era un argumento más para entender que la figura de intendentes designados “a dedo” no daba para más. Por su parte Núñez, sostuvo que impulsará una comisión investigadora “que indague las responsabilidades políticas en este escándalo de corrupción”. 

Pizarro, en tanto pide “duras sanciones en estas operaciones que fueron mal realizadas y que implica dolo, que implica un problema de fraude”. 

Mucho "Paño que cortar"

Para Floridor Pinto, padre de la ex intendenta regional, han sido días complejos. Ha estado al lado de su hija y cree totalmente injusto lo que le está sucediendo, pero confía en que la decisión de renunciar es la mejor. “Siento que lo que ha hecho es valiente, y las cosas se van a esclarecer. Hay antecedentes en el país sobre el actuar del contralor. Hemos estado en contacto con conspicuos abogados del país, y nos han señalado que de las situaciones que se están investigando, a lo más darían para un sumario interno”, precisó Pinto padre, quien en los próximos días se reunirá con Lucía para retornar a La Serena y comenzar con su defensa. Un batalla legal que recién comienza.