Víctimas de Cox exigen que investigación continúe pese a muerte del imputado

“Desde el domingo por la noche que se sabía que en cualquier momento iba morir, era cosa de días”, cuenta una fuente que estuvo en contacto con los cuidadores de Francisco José Cox (86) hasta la mañana del miércoles, cuando se enteró que el ex arzobispo de La Serena había muerto debido a una falla multisistémica.

La noticia fue guardada con celo, y de hecho nada se supo sino hasta la tarde de ese mismo día cuando el cuerpo del ex religioso ya había sido sepultado, también bajo estricto resguardo, y acompañado sólo por cuatro familiares. En ese momento, muchos pensaron que se cerraba una historia, pero aquello, aparentemente, estaría lejos de suceder ya que las heridas provocadas por quien fuera sacerdote todavía siguen abiertas.

Un proceso a medias

El impacto fue a nivel nacional, pero sobre todo en la Región de Coquimbo, donde Francisco José Cox fue arzobispo entre los años 1990 y 1997. En este periodo habría cometido abuso sexual en contra de Hernán Godoy, el primero en denunciarlo en la justicia ordinaria en junio del 2018 tras guardar silencio por más de 20 años.

Su relato abrió la puerta para que otras voces se manifestaran. Edison Gallardo, conocido por ser el autor del libro “Mi Infierno en el Sename” contó su verdad y relató los episodios de abuso que había sufrido por parte de Cox en la década de los ’80 cuando éste era todavía obispo coadjutor de La Serena y Gallardo, de 8 años, deambulaba por residencias del sistema de protección de menores de la zona donde poco o nada lo cuidaron.

Edison se sumó a la denuncia de Godoy, y con él ya eran tres los querellantes. Claro, antes, ya se había involucrado en las acciones legales presentadas Abel Soto, un Chillanejo de 51 años que tuvo que lidiar en distintos momentos de su vida con el abusador, hoy fallecido. Primero, cuando era niño y formaba parte de grupos pastorales y scouts en Chillán Viejo y Francisco Cox ejerció el obispado, poco antes de ir a cumplir labores a Roma. Luego lo volvió a encontrar en La Serena en los tiempos en que el ex religioso había retornado a Chile para asumir el arzobispado una vez que Bernardino Piñera dimitiera.

Godoy, Gallardo y Soto, al alero de la Fundación Para la Confianza (organismo creado por las víctimas de Fernando Karadima) y con el patrocinio de la abogada Josefina Gutiérrez lograron que, pese al tiempo transcurrido, el caso fuera tomado por la justicia, luego de recorrer un largo camino judicial. Sin embargo, el proceso se ve truncado con el deceso del imputado.

El largo camino

Había sido un largo andar para llevar a Cox a la justicia y se tuvieron que soslayar varios obstáculos. El primero, era que no se encontraba en Chile, sino en Alemania en una localidad llamada Vallendar, protegido por la comunidad a la que pertenecía, Schoenstatt. Sin embargo, luego que el Papa Francisco lo expulsara de la Iglesia, debió retornar a Chile tras ser requerido por la justicia. Se pensaba que a partir de ese momento el proceso avanzaría de manera más ágil, pero ocurrió todo lo contrario, sobre todo, luego que se determinara que sería investigado bajo el sistema antiguo, y no por el actual que rige desde la Reforma Procesal Penal.

Hubo avances, pero debido a la estricta reserva de las indagatorias bajo esta modalidad, poco se sabe de ellos. Pero en lo concreto, se fijó una audiencia de careo entre las víctimas y el victimario, para diciembre del 2019, la que nunca llegó a concretarse debido a que Francisco Cox sufrió una descompensación. Se debía fijar una nueva fecha, la que nunca llegó. La pandemia obligó a suspender todos los procesos presenciales incluido este, y en el intertanto, la salud del imputado se deterioraba a tal punto de no poder sobrevivir.

Lo que sigue

En este lapso, se conoció de una cuarta víctima del ex arzobispo, un menor de 11 años de la Región del Ñuble que terminó quitándose la vida. Además, existía un quinto en Roma, pero el proceso actual sólo contemplaba a los tres antes mencionados. Para ellos, la muerte de Cox, no representa otra cosa que “la impunidad y la injusticia”. Así lo consigna Hernán Godoy, quien asegura que ya lo conversó con los demás denunciantes y que están de acuerdo en perseverar. “Para mí el enterarme de lo que ocurrió fue un golpe tremendo, porque siento que luchamos tanto y que de un momento a otro esta persona muere, y todo lo que tuvimos que sufrir, el que la gente nos señalara con el dedo por denunciar, es en vano, por eso creo que sería una decisión ética y moral por parte del tribunal que esto se siguiera investigando, hasta obtener un resultado y que se compruebe la veracidad de nuestras denuncias, de nuestros testimonios y de nuestro dolor”, expresó.

Edison Gallardo, por su parte, consignó que “no está en nuestros planes el no seguir adelante. Vamos a seguir. Aquí se llevó adelante una investigación y tiene que existir una sentencia. Independientemente de que Cox haya muerto”, aseveró, y en la misma línea se expresó Abel Soto. “Yo adhiero a lo que dicen Hernán, Edison y Josefina. Es un tema muy complicado y hay que seguir las acciones que corresponden. Esto nos ha afectado enormemente en nuestras vidas y a nivel familiar”. 

Contienda judicial

Tras el fallecimiento, las tesis jurídicas y las interpretaciones legales han entrado en pugna una vez más. Desde la parte querellante, la abogada Josefina Gutiérrez, expresa que están a la espera de una resolución del tribunal ya que “todavía no se han manifestado”. Sin embargo, la decisión ya está tomada: perseverarán, ya que la investigación debe tener un final y una resolución. “Aquí a lo menos debemos conseguir que se determine una verdad histórica que sirva para reparar la dignidad de mis representados”, indica.

Esta consiente que con el deceso del imputado, lo lógico es que Cox sea sobreseído ya que no se puede condenar, pero a estas alturas no buscan las sanciones, por lo tanto el sobreseimiento no sería un motivo para dejar abandonar el caso, y si se dictamina debiese ser posterior al cierre de la investigación y una sentencia. “Lo que queremos es que se determine la veracidad de los que dicen mis representados. El sobreseimiento va a ocurrir, pero apelamos a que, antes de que esto ocurra, se determine continuar investigando, ya que el escenario no cambia demasiado con la ausencia de él (Cox). Nunca pensamos que fuésemos a contar con la declaración de éste, puesto que siempre dijeron es que su situación siquiátrica no se lo permitiría”, expresó Gutiérrez. 

Respecto a una reparación económica no la descartó. De hecho, señaló que era una posibilidad, ya que existen precedentes y la iglesia católica habría reconocido los delitos del ex arzobispo al momento de expulsarlo del clero. “Él fue dimitido de su estado clerical por una sentencia canónica, por lo tanto allí se admiten las responsabilidades por los delitos cometidos, por cierto, cuando él ocupaba un alto rango eclesiástico”, sostuvo.

Tesis de la defensa

El abogado defensor de Francisco José Cox, Cristian Urquieta, es categórico y refuta los argumentos de la contraparte señalando que si se persevera, “se desnaturaliza totalmente el proceso penal”. Esto porque, según Urquieta, este proceso, con la muerte del imputado de por medio no tiene otra opción que finalizar. “No se pueden buscar responsabilidades penales de alguien que ya no está. Y respecto a verdades históricas o solicitudes de otro tipo como reparaciones económicas, no tienen nada que ver con este proceso”, manifestó la parte defensora, agregando respecto a su representado que, “siempre intentó colaborar en todo lo que pudo. Lamentablemente estaba en clara desventaja, puesto que sus capacidades cognitivas y físicas estaban totalmente disminuidas. Esto no es algo que lo haya beneficiado en el proceso, sino que lo perjudicó”, asevera Urquieta, quien también está a la espera de lo que determine el juez, aunque tiene confianza en que será el sobreseimiento. De no ser así, el caso podría llegar a la Corte Suprema.

Los padres de Schoenstatt

El Vocero de los Padres de Schoenstatt, Patricio Moore, lamenta el deceso de Cox, por su calidad de ser humano, pero expresa que ellos nunca “lo protegieron” como dicen algunos, y siempre estuvieron de acuerdo con que debía enfrentar a la justicia. “A nosotros el Vaticano nos encomendó la misión de prestarle ayuda cuando lo expulsaron de la iglesia, y fue lo que nosotros hicimos. Nunca dimos el lugar en dónde estaba, no para ocultarlo, sino que por la sencilla razón de que la gente que lo estaba cuidando eran dos personas también mayores, que no querían que la prensa empezara a acosarlos. Querían tranquilidad”, aseveró.

De igual forma, coincide con las víctimas y cree que el proceso judicial debiese terminarse con una resolución para que los denunciantes puedan recuperar en parte la paz que han perdido durante estos años. “Yo no soy abogado y no sé qué va a suceder, pero si las investigaciones avanzaron me parece que debería haber una resolución judicial. Se vería bastante mal si esto se cerrara, y todo lo que se avanzó quedar en nada”, finalizó.