Opinión

Con el fin de entender fácilmente, lo que significa, que una persona  deje un LEGADO, algo tan de moda en estos días,  con sus implicancias en el presente y en el  futuro de sus profundos y respaldados contenidos, libros, publicaciones, reconocimientos,  apoyados

Existe consenso respecto de la situación deficitaria en la que se encuentra la formación escolar municipalizada chilena, por lo menos si se la compara con la particular subvencionada y con la particular pagada. Las razones de ello son muy diversas y no serán abordadas en esta columna.

Resulta paradójico, sin embargo, que, tomando en cuenta la coincidencia que existe en relación con ello, así como la coincidencia en la necesidad de tomar medidas urgentes para mejorar las condiciones en las que se forman los alumnos de las familias más pobres y aisladas del país, las últimas reformas educacionales no hayan considerado esta situación con todos sus pormenores, y en todos sus alcances, habiéndose dado lugar al enclaustramiento del sistema educativo municipal, cuando se imposibilita que los docentes de excelencia, el personal técnico-pedagógico y los directivos de la educación particular puedan acceder a diferentes cargos en los municipios del país. 

La Ley N° 20.903, del 01 de abril de 2016, que “Crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas”, exige que para optar a cargos técnico-pedagógicos y directivos en el sistema municipal los postulantes hayan sido evaluados, en los términos propios del sistema municipal, y que se encuentren “encasillados” en uno de los tramos superiores de la Carrera Docente.

Dicho requisito significa imposibilitar el ingreso de los profesionales de la educación particular, no importando que su desempeño sea de excelencia, al sistema municipal, por el hecho de no estar evaluados en los mismos términos que los profesionales de la educación que se desempeñan en éste.  En virtud de ello, si bien los docentes de los establecimientos municipales pueden postular y ser aceptados sin problemas en la educación particular subvencionada o pagada, estos últimos no pueden postular a la primera.

Los cambios que se produjeron con la Reforma Educacional del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle procuraron fortalecer tanto el sistema municipal como el particular subvencionado. Los profesionales de ambos sistemas podían postular a becas y a evaluarse (de manera voluntaria) para acceder a mejoras económicas y reconocimientos profesionales de distinto tipo. Muchos profesores del régimen particular subvencionado gozaron de una Asignación de Excelencia Docente financiada por el Estado y pudieron hacerse miembros de la Red de Maestros de Maestros, lo que les daba una serie de ventajas como premio a su esfuerzo, tras aprobar evaluaciones de alto nivel de exigencia.

Hasta la puesta en aplicación de la Ley 20.903, los docentes de la educación particular subvencionada y pagada podían postular a los cargos de los establecimientos municipales, e incluso de los Departamentos de Administración de la Educación Municipal, en igualdad de condiciones que los que se desempeñaban en los distintos municipios del país. Ahora, en cambio, con la implantación del nuevo régimen normativo, la situación es del todo distinta, en desmedro de los alumnos de los establecimientos educacionales a los que concurren en general los niños y los adolescentes más pobres de Chile. El gobierno de doña Michelle Bachelet y el Congreso Nacional configuraron un gueto con la educación municipal, al impedir que docentes destacados del régimen particular puedan postular para trabajar en ella, en beneficio de las futuras generaciones adultas del país.

Los cambios que se introdujeron a la educación durante el gobierno que acaba de terminar, con la aprobación de los congresistas, han traído consigo una serie de dificultades, inconvenientes y hasta contradicciones, como la que se ha indicado en esta oportunidad.

Nuestros niños, adolescentes y jóvenes requieren que los gobernantes y legisladores sean muchos más meticulosos y responsables en el estudio de las iniciativas legales que deben aprobar.