El debate sobre una nueva Constitución vuelve a la palestra tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor de permitir la figura “sostenedor con fines de lucro” en la educación superior, retrocediendo así, por lo menos, 12 años de avances impulsados por el movimiento social. Como nos muestra la historia reciente, son varios los avances democráticos que terminan siendo bloqueados por dicha instancia política disfrazada de jurídica, advirtiendo que avanzar hacia una sociedad de derechos es imposible si no concretamos el anhelo de contar con una Constitución sin los enclaves impuestos en la década de los 80’.
Por lo mismo, creo necesario detenerse un momento a reflexionar e interrogarse: ¿qué es lo que está en juego en la confección de una nueva Constitución?
A mi juicio, la respuesta se encuentra en dos concepciones complementarias: una ligada a un pensamiento más “convencional”, y otra, a una tradición más bien “crítica”.
La primera entiende la Constitución como un dispositivo técnico-jurídico cuyo fin es diseñar y edificar una arquitectura institucional determinada, por lo que está en juego el tipo de orden y gobierno que se pretende instituir. Mientras que la segunda, la concibe como un documento que registra trazos de conflictos pasados, los cuales definen y participan en los conflictos del presente, es decir, visualiza un momento donde se determinan los límites y contornos de “lo social”, en otras palabras: está en juego la movilización de un modo de vivir en sociedad, un modo de vivir junt@s.
Si tomáramos como referencia sólo la primera concepción, se impondría con facilidad la idea de una comisión integrada por los “profesionales del derecho y la política”, no obstante, los elementos que entrega la segunda son centrales para dar cuenta de la centralidad que adquiere la participación ciudadana en un momento de fundación política como el que entiendo inevitable.
En efecto, creo que debe ser la ciudadanía que vive y siente las orientaciones normativas impuestas por el brazo cívico de la dictadura quienes, mediante un mecanismo institucional y democrático, realicen esta impostergable labor.
Retomando la pregunta que encabeza la columna ¿qué está en juego en la elaboración de una nueva Constitución? Qué duda cabe: no sólo la arquitectura institucional de un país, sino que también las definiciones para limitar o encausar “lo social” de una manera determinada; por lo que para ello no sirven los meros saberes de una clase política evidentemente alejada del modo de vida de las mayorías, sino más bien se requiere de la participación y sentir de la sociedad civil en su conjunto. En virtud de ello, considerando las opciones institucionales conocidas, estoy convencido que el mecanismo que garantiza de mejor forma una definición óptima del modo en cómo queremos vivir junt@s las próximas décadas es una #AsambleaConstituyente, bandera que además debe propiciar la articulación de todas las fuerzas decididas a consolidar en Chile una sociedad de derechos (y no de mercado).
