Abusos de Cox quedarían impunes si no existe un cambio legal

08:30 de la mañana y la Sala Número 2 del Juzgado de Garantía de La Serena está colmada de gente. Hay expectación. Prensa local y nacional espera la decisión del tribunal: ¿quiénes y bajo qué sistema penal será investigado Francisco José Cox? Ese es el gran dilema.

Claro, al haber ocurrido en las décadas del 80’ y 90’, antes de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal (2005), en principio, la competencia sería del sistema antiguo de justicia, sin embargo las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía, órgano que alegó no tener las facultades para abordar el tema, pese a la solicitud de la parte querellante.

“No hay límite de edad ni tiempo para que las personas recuerden y puedan denunciar (…) Por eso, como ciudadanía tenemos que seguir presionando para que en el Congreso, en la Cámara avance rápido este proyecto de ley y que sea retroactivo”, Nathalie Oyarce, de la Fundación Infancia.

Tras media hora de alegatos, en los que intervino el Fiscal Regional, Adrián Vega, la abogada de las víctimas, Josefina Gutiérrez y la defensora penal pública Rosa Álvarez, en representación de Cox, el juez Alain Maldonado determinó que, en este caso, la jurisdicción correspondía al antiguo procedimiento penal, anterior a la reforma, liberando así al Ministerio Público, y traspasando la responsabilidad a un juez del crimen, quedando a cargo el ministro Christian Le Cerf.

Conformidad, el primer paso.

Tras la audiencia hubo conformidad. Pese a que no se acogió el recurso de incidencia de nulidad presentado por la defensa, Rosa Álvarez -Defensora Penal Pública-, expresó que, si bien le hubiese gustado que se discutiera su solicitud, lo importante es que se dará inicio a la investigación por el tribunal que se consideró competente. “Sigo sosteniendo que el recurso de incidencia de nulidad debió ser recogido, pero el efecto es el mismo y el hecho será conocido por la justicia que realmente es competente”, aseveró.

10 años, es el límite de tiempo para denunciar un abuso sexual en la actual legislación, lo que se pretende cambiar con la imprescriptibilidad.

El Fiscal Regional, Adrián Vega precisó que se había tomado la decisión correcta ajustada a derecho. “Por la fecha de ocurrencia de los hechos, la investigación la toma un juez del crimen. Si los hechos hubiesen ocurrido posterior al año 2000, seríamos nosotros lo que tendríamos la responsabilidad de investigar”, sostuvo.

Por su parte, la abogada querellante, Josefina Gutiérrez, entendió la resolución, y puntualizó que a partir de ahora, lo que ella espera es que la investigación llegue a buen puerto, “y que el exarzobispo Cox concurra a declarar en su momento como cualquier imputado”.

La “lucha” recién comienza

Hernán Godoy también estuvo en la audiencia. Reiteró que está en conocimiento de que existen más víctimas de Cox que no han querido hablar, y espera que también saquen la voz, pero entiende que es complejo. “Se respeta el silencio, pero no puedo dejar de lamentarlo”, sostiene el serenense, de 45 años, quien fue el primero en acudir a la justicia ordinaria contra el exreligioso. Lo hizo el 16 de junio del 2018, cuando denunció su caso ante el Ministerio Público, sin otra intención que “evitar que alguien más viva lo que yo viví”, afirmó en su momento.

Tras casi ocho meses desde la acción legal, su balance es positivo. Siente que el paso que dio era necesario para que finalmente hoy, habiendo transcurrido más de 20 años desde que el exreligioso fuera removido de su cargo en La Serena y enviado primero a Colombia y posteriormente a Alemania, esté siendo investigado y ya se haya realizado la primera audiencia.

Claro, Francisco José Cox fue expulsado de la Iglesia en diciembre del año pasado, debido a las denuncias en su contra, y trasladado a Chile el 11 de febrero, para comparecer en su minuto ante la justicia.

Nadie sabe dónde está. Lo único que se ha informado hasta ahora desde la congregación Schoenstatt, a la que todavía pertenece es que se encuentra al cuidado de un matrimonio, en la Región Metropolitana a la espera de ser requerido a comparecer.

La gran traba legal

Todo sigue su curso. Con el caso avanzando en lo judicial, las cosas parecieran ir “viento en popa”, para Hernán Godoy respecto a su denuncia, a la que se sumó también Abel Soto, ambos representados por la Fundación Para La Confianza –entidad creada por las víctimas de Karadima-. Sin embargo, la frase expresada por la víctima serenense: “Se respeta el silencio, pero no puedo dejar de lamentarlo”, cobra sentido a la hora de hablar de la gran traba legal existente, que en el actual escenario hace inviable un juicio contra Cox. Y claro, independiente de quién investigue, los abusos cometidos contra él y Soto se encuentran prescritos, ya que ocurrieron hace más de tres décadas y la fecha tope en la actual legislación para denunciar ante la justicia es de diez años.

Escasas salidas

Por lo mismo, existen pocas salidas para que el caso llegue a buen puerto, al menos respecto a una condena. Según explica la abogada Josefina Gutiérrez, representante de las víctimas, por un lado podría darse que mientras se llevan a cabo las investigaciones, haya una modificación legal tendiente a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, algo que “no sería lejano” ya que actualmente se discute en el congreso. Y, por otra parte, que se pueda aplicar la figura legal de la Interrupción de la Prescripción, es decir, que en el marco de las indagatorias, se encuentren casos de la misma índole que hayan ocurrido antes de la prescripción del primer delito, algo que sólo sería factible si otras víctimas del exarzobispo de La Serena entre 1990 y 1997 rompieran el silencio.

El llamado de Godoy

Es por esto que Godoy hace el llamado. Sabe que es difícil, de hecho, él demoró más de 20 años en contar lo sucedido, pero cree que es el momento. “Sabemos que en muchos casos hay familias detrás, y que hay gente que sufrió, que no quiere reabrir heridas. Pero yo pido que se tomen un momento y piensen en lo importante que esto puede llegar a ser, para nosotros, para la justicia, y para que no haya nuevas víctimas”, manifiesta.

14 años tenía Hernán Godoy cuando fue víctima de abuso sexual por parte de Francisco José Cox.

De momento, ya hay un caso que eventualmente abriría una luz de esperanza. No en La Serena, sino en Alemania, ya que Cox fue denunciado en el 2004 también por abusos, algo podría ser indicio de que continuó con sus conductas permanentemente en el tiempo.

Interrupción de la Prescripción, una discusión jurídica

Pero, pese a lo señalado por la abogada Gutiérrez, y los anhelos de Hernán Godoy, en el  actual marco legal no sería tan sencillo aplicar la figura de la Interrupción de la Prescripción.  

Consultada al respecto, Pía Bustos Fuentes, abogada magíster en Derecho Penal y Procesal, y académica de la Universidad de La Serena, explica que efectivamente existe esta posibilidad contemplada en el código penal, básicamente para los delitos sexuales, que se diferencian de los demás delitos, primero porque el plazo para que prescriban cuando la víctima es menor de edad, se suspende hasta que cumple los 18 años. Y, segundo, porque está la figura denominada Interrupción de la Prescripción. Sin embargo, para que esta aplique, debe haber una condena por el delito, algo que no ha sucedido en el caso Cox. “No basta con que existan investigaciones similares. Si tú me hablas del caso Cox, yo entiendo que no hay condenas, sino que otras causas en curso, por lo que, en principio, no podría haber una Interrupción de la Prescripción”, manifestó Bustos.

Cambios urgentes

Así las cosas, de acuerdo al análisis de la abogada Bustos, las posibilidades de condenar a Cox estarían bastante lejos. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Aparentemente, sólo una modificación legal, pero más profunda que la que se lleva adelante hoy día en el Congreso.

Desde el año pasado, y precisamente en medio de la ola de denuncias de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero, se comenzó a discutir la imprescriptibilidad de este tipo de delitos contra los menores.

Actualmente el Código Penal establece un plazo máximo de prescripción de diez años, cifra que fue cuestionada por considerarse, según diversos psicólogos, que una persona víctima de abuso, tarda hasta 30 años en denunciar a su agresor. Este fue uno de los argumentos utilizados por los precursores de la iniciativa legal, además de otros, como que en los delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes, la posibilidad real de acceso a la justicia requiere de un relato del hecho, situación que suele verse impedida por circunstancias fisiológicas, psicológicas o sociales que el o la menor víctima del trauma sexual no estaría en posición de superar de manera inmediata.

Con la modificación legal, que abarca los delitos de violación, estupro, abuso sexual, exposición a actos de significación sexual, producción de material pornográfico y favorecimiento a la prostitución, se da la oportunidad de que las víctimas denuncien cuando se encuentren preparadas sin importar el tiempo que haya transcurrido, siendo imprescriptibles.

Actual modificación no bastaría

Fue una buena noticia para las víctimas valorada desde todos los sectores, que encontró consenso en general en el Senado y que debe discutirse en el mes de marzo en la Cámara de Diputados, según indica el diputado por la Región de Coquimbo, Matías Walker. “Esto ya fue discutido en el Senado, pero no está concluido y todavía quedan instancias para el debate. Una de ellas la tendremos nosotros en la cámara baja, el próximos mes, donde debemos darle prioridad”, asevera.  

Lo que no contempla esta ley, y dónde seguiría estando la traba para quienes fueron víctimas de abusos sexuales en el pasado, es que la imprescriptibilidad no sería retroactiva. Es decir, sólo aplicaría a los casos que ocurran a partir de la publicación de la ley. Algo que obedece a un tema netamente jurídico, según afirma la abogada Pía Bustos, porque afectaría el principio de Seguridad Jurídica. “Los sistemas jurídicos modernos suelen establecer que la aplicación retroactiva de las leyes no puede afectar derechos adquiridos o amparados por garantías constitucionales”, dice Bustos y agrega que, “en nuestra constitución, el artículo 19, número 3, se consagra la garantía de que ningún  delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado”.

Discusión que continúa

Pero el tema no está zanjado. Y es que las voces exigiendo que la nueva legislación también abarque a quienes fueron víctimas en el pasado, como Hernán Godoy o Abel Soto, han surgido de manera espontánea, ya que, de lo contrario, delitos como los presuntamente cometidos por Francisco José Cox, quedarían inexorablemente impunes.

Nathalie Oyarce, de la Fundación Infancia, es una de las que espera que no exista tope de tiempo para la imprescriptibilidad. “No hay límite de edad ni tiempo para que las personas recuerden y puedan denunciar (…) Por eso, como ciudadanía tenemos que seguir presionando para que en el Congreso, en la Cámara avance rápido este proyecto de ley y que sea retroactivo”, indicó en Julio del 2018.

El diputado Matías Walker admite que hasta ahora le ley no va direccionada a la retroactividad, y se aplicaría sólo para los casos futuros, pero aquello no le convence, por lo que, asegura, cuando el proyecto llegue a la cámara de diputados, abogará porque sí se permita la retroactividad. “El proyecto viene de una manera desde el Senado, pero no necesariamente va a salir igual de la cámara de diputados. Nosotros queremos darle una vuelta al tema, escuchando a los penalistas, pero sobre todo escuchando a las víctimas, porque así como en los crímenes de lesa humanidad se estableció la imprescriptibilidad y la posibilidad de aplicar los tratados internacionales de manera retroactiva, nosotros queremos que esta imprescriptibilidad de los delitos sexuales, rija también en forma retroactiva”, especificó.

Cautela del Ministro Larraín

De paso por la región, el Ministro de Justicia Hernán Larraín, no quedó ajeno al tema Cox, aunque se expresó con cautela. Respecto a la viabilidad de un juicio, no se refirió al caso en particular, sino más bien valoró que la situación “se haya abierto desde el propio Papa Francisco, a todo el Episcopado Nacional”.

En relación a lo que se podría conseguir por parte de una víctim al poner una denuncia por un delito ocurrido hace décadas, que no será enjuiciado en el actual sistema por estar prescrito, Larraín se mostró favorable al debate, y, tal como Walker, indicó que el tema no está definido aún. “Es un debate que está abierto (…) ahí hay limitantes constitucionales, porque la ley penal no puede tener un efecto retroactivo, la pregunta es si las acciones de prescripción forman parte de las garantías de un tipo penal o no, es una discusión muy técnica, pero ahí está el debate. A mi modo de ver es importante que las cosas se sinceren y que al menos quienes hayan sido abusados por un sacerdote, profesor o cualquiera que tenga alguna autoridad respecto de los niños, tengan las denuncias correspondientes y se puedan investigar hasta donde los tribunales estén dispuestos a hacerlo”, manifestó el Ministro.

Por lo pronto, la investigación seguirá su curso. La diligencias deberían agilizarse al ya estar designado un juez, en este caso Christian Le Cerf, sin embargo, todavía no se sabe si todo el trabajo que se pueda realizar llevará a una condena concreta, o sólo a establecer una verdad jurídica. 4601iR