Abogado

Pese a que todavía no han firmado, el penalista Carlo Silva estaría muy cerca de representar a la madre Mirta Ardiles y al padrastro de la menor –y los pretende juntar con el padre biológico-. Además, ya está en curso una querella por parte de la Defensoría de la Niñez, y desde Abofem (Asociación de Abogadas Feministas) preparan otra, pero desmarcándose de la pareja (madre y padrastro), coordinándose sólo con la tía de la víctima, Daniza Araya. En el intertanto, la investigación avanza y los resultados de las últimas pericias que incluirían la data de muerte de la niña, llegarían entre hoy y mañana.

El profesional, quien representa a José Cáceres, investigado por un presunto Fraude al fisco en el denominado “Papaya Gate”, anuncia que en los próximos días presentará una querella en contra del encargado del organismo fiscalizador en la zona, Hugo Segovia, por supuestas graves faltas en el ejercicio de sus funciones, las que habrían impedido el desarrollo de los proyectos hospitalarios en La Serena y Coquimbo. En entrevista exclusiva con ElBarómetro.cl, acusa al contralor de actuar conforme a una eventual animosidad sobre su cliente, a quien dice, amenazaba permanentemente con sumarios. Además, asegura que los cuestionados terrenos ni siquiera los eligió el Gore sino el municipio. Eso sí, admite la relación comercial entre su defendido y las empresas inmobiliarias vendedoras, aunque asegura, en la actualidad, Cáceres tendría una “participación pasiva” en dichos negocios.

Se realizó en tribunal de Coquimbo y no demoró más allá de 45 minutos, puesto que se necesitó de pocos testigos y ambos excónyuges estaban de acuerdo en los términos, lo que facilitó el trabajo del juez a la hora de la sentencia.

El abogado entró en escena luego que se llamara a declarar en calidad de imputado al empresario Paihuanino Hernán Ahumada, primo del actual edil, según asegura, sin ningún tipo de seriedad y sólo para “dar la imagen” de que se está investigando un homicidio, cuando “lo más probable es que se esté en presencia de un accidente”.

A días de que se cumplan 46 años del asesinato de 15 personas en el por entonces Regimiento Arica de La Serena, el 16 de octubre de 1973, el profesional insiste en que no existe una voluntad de los acusados de pagar por sus acciones, ni mucho menos arrepentimiento, prefiriendo la muerte “antes que confesar sus crímenes”.