Los niños y niñas exigen cada vez más su derecho a opinar, a expresar, a participar de las decisiones locales. Como adultos y como sociedad en general, debemos disponer de estos espacios que además han sido establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989.La Presidenta Bachelet, asumiendo el rol que impone la convención, desde el inicio de su mandato ha puesto a la infancia como eje de una gestión pública de gobierno, entendiendo que la protección integral de los derechos de los niños y niñas es una base fundamental para superar la desigualdad.El derecho a opinar es un principio que dispone cambios en la interrelación con los niños como sujetos de derecho, debe necesariamente respetarse su opinión y tomarla en cuenta al momento de interpretar y aplicar en forma práctica cada uno de los derechos.Para conocer su opinión es que se han creado instrumentos de consultas como el “Yo Opino”, que desde hace dos años lleva a cabo el Consejo Nacional de la Infancia y “Mi Opinión Cuenta”, que realiza el Sename. El año 2016 “Yo Opino” se aplicó a 424.446 niños, niñas y adolescentes de todas las regiones de Chile en cerca de 5 mil escuelas y liceos del país, donde el derecho a vivir en familia y no ser discriminados fueron los derechos que más resaltaron tras el proceso de consulta.En este espacio de diálogo, que cuenta con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la UNICEF y la Organización de Estados Iberoamericano, los convocados pueden debatir de manera voluntaria sobre derechos, valores, responsabilidades e instituciones.Nuestros niños y niñas entregan a través de estos instrumentos de consulta, interesantes informaciones que no podemos dejar pasar, en especial en el diseño de políticas públicas de niñez. Queremos que se expresen libremente, que sean escuchados, que tengan su propia cultura, idioma y religión, que no sean discriminados por el solo hecho de ser diferentes a los demás. Queremos niños y niñas felices y conscientes de sus derechos.
Autor
AbogadoSecretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos Región de Coquimbo
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