Oficinas de Protección de Derechos: Compromiso cumplido

Hasta el año 2014, cuando asumió la Presidenta Michelle Bachelet, nuestra región contaba con 6 Oficinas de Protección de los Derechos de los niños y niñas, las cuales atienden cualquier incumplimiento de los derechos que legítimamente le corresponden al niño, niña o adolescente, tales como maltrato físico, psicológico, abuso infantil, deserción escolar o negligencia de los padres o adultos responsables; de ahí la importancia de estas instancias. En estos dos años y medio de Gobierno y enmarcado en el programa de la Presidenta Bachelet, quien situó en el centro de las políticas públicas a la Infancia, se han sumado las comunas de Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá, Canela, Salamanca, Los Vilos, La Higuera y Paihuano, además de una segunda oficina para La Serena, ubicada en el sector de las Compañías, llegando entonces a sumar 15 OPDs en toda la región. Como Gobierno entendemos que es necesario generar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos por parte de los niños y niñas en su relación con el mundo adulto. Además, como Estado, estamos comprometidos con la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1990 la que es regida por cuatro postulados fundamentales: la no discriminación; el interés superior del niño; su supervivencia, desarrollo y protección y su participación en las decisiones que los afecten.Las OPD, dependientes del Sename, en coordinación con los distintos municipios, se constituyen en un instrumento esencial para la implementación de una política de protección destinada a los niños, niñas, adolescentes y sus familias en situación de riesgo y vulnerabilidad social.Asegurando un trabajo profesional orientado a la prevención, protección, y reparación, pero también a la promoción de liderazgos de niños/as que puedan hacer efectivos el derecho a opinar y ser oídos, es que invitamos a las nuevas autoridades comunales y a los ciudadanos/as en general a favorecer el desarrollo de políticas públicas locales que garanticen el fortalecimiento de la cultura del respeto y apego a los derechos humanos de jóvenes, niñas y niños.