Desde los más tempranos tiempos de organización de las sociedades civilizadas, las personas han establecido mecanismos que permitan estructurar un orden que favorezca una adecuada convivencia; cada individuo desempeña una función que contribuya al bienestar generalizado de la colectividad. Ya en la República, uno de los diálogos más importantes del filósofo Platón, se presentaba de manera rígida los papeles que los seres humanos debían cumplir, debiendo aquellos que mandan estar más cerca de la contemplación de las ideas, los que defendían a la comunidad actuar con un ánimo y coraje más decidido y al resto de los que forman parte de la polis, desempeñar las tareas propias del comercio y la producción, siempre con observación a las pautas y direcciones que daban sentido a la organización. Parece, sin embargo, que en la actualidad, aún nos cuesta comprender lo que significa ser parte de una vida colectiva. Con más frecuencia y masividad de lo esperado, es posible percibir opiniones y comentarios de las personas en la calle, redes sociales y medios de comunicación que se alejan de los valores del Estado de Derecho, cuestionando los roles que los actores del sistema deben desempeñar, (jueces, policías, fiscales, defensores y otras funciones públicas). Chile cuenta con una Constitución y leyes (siempre perfectibles), que permiten estructurar el orden por el cual convivimos en sociedad. Más aún, existe un orden internacional que traspasa y limita las barreras de la soberanía y que es la garantía de humanidad y coherencia, que favorecen la paz y el entendimiento. En las películas quedó el lejano oeste y en las dictaduras la violencia sin justicia. Si alguien comete delito, deberá ser procesado y sancionado. La sociedad será representada por el Ministerio Público, quien  deberá ejercer la investigación y persecución penal con la colaboración de las policías; un juez/a resguardará las garantías de todos los intervinientes y ejercerá su rol jurisdiccional de impartir justicia, y además habrá una defensa que resguardará los derechos del imputado. Si la autoridad se equivoca o excede, el sistema también contempla mecanismos para custodiar a los custodios. En definitiva, siempre debe primar la razón, nadie está por encima del orden jurídico y siempre se debe garantizar la paz y convivencia social, pero por sobre todo, hacer lo posible por alcanzar la justicia.  

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