Juan Carlos Pizarro A.

Los expertos dan luces del panorama que enfrenta Lucía Pinto y parte de su equipo, investigados por el ilícito con daño al patrimonio fiscal. De comprobarse que existió delito, las penas ascienden hasta los 15 años de presidio en el peor de los escenarios. En caso que sólo se trate de una falta administrativa, la sanción podría sepultar la carrera de los involucrados. Pero esto recién comienza y el Ministerio Público debe realizar una serie de diligencias sopesando los antecedentes de la Contraloría con los que presente la defensa de los implicados para formalizar o desestimar los cargos.

Existen cabos sueltos en un caso que recién comienza. Con la oficialización de renuncia de Lucía Pinto en medio de una investigación por Fraude al Fisco, la militante UDI prepara la réplica para presentar al Ministerio Público, en medio de apoyos y críticas por la verdadera bomba que estalló en el mundo político. Fuentes cercanas a la profesional están convencidos de su inocencia y en esa línea sus abogados apuntarían “a la falta de imparcialidad” del contralor regional, y también a la participación de otras instituciones públicas en las operaciones en las que podrían haber existido irregularidades. En el intertanto, surgen nombres que corren con ventaja para ocupar el cargo vacante.

Encontrar trabajo por primera vez pasó de ser complejo a ilusorio. No hay cifras, pero las universidades de la zona trabajan en catastrar la cantidad de egresados en pandemia que no han podido emplearse, un número que aumentó sustancialmente, dando el golpe de gracia a los anhelos de miles de jóvenes que, según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), serán los más afectados en esta materia post Covid. Esto, en una región que lidera la tasa de cesantía a nivel nacional, lo que vuelve el escenario aún más desalentador. Pero no todo está perdido, el emprendimiento y la capacidad de reinventarse surgen como alternativa de supervivencia.

Hace más de un mes que el ex religioso falleció mientras era investigado por abusos sexuales contra menores, cargos por los que la propia iglesia lo expulsó. Pese a que el juez a cargo del caso desestimó el sobreseimiento, la defensa apeló y todavía no existe un pronunciamiento por lo que el denunciante se muestra intranquilo y lleno de incertidumbre.